Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023

 

COLUMNA DE OPINIÓN

Zenón Alberto Biagosch | El autor analiza los avances realizados por nuestro país en la reglamentación contra la corrupción y pone el foco en la reciente aprobación del Plan Nacional Anticorrupción. Si bien destaca que promueve la generación de estándares y mejores prácticas para el establecimiento de un entorno de negocios más transparente, advierte que su éxito dependerá del grado de involucramiento a nivel empresarial. | 07/05/2019

Las políticas anticorrupción cada vez más se han transformado en un tema central en la discusión política/institucional tanto en nuestro país como en el mundo desarrollado y pasaron a ser un tema influyente y ciertas veces condicionante en las relaciones bilaterales y multilaterales.

El Estado Argentino asumió diversos compromisos internacionales en esta materia a través de la ratificación de diversas convenciones internacionales contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero. Tales como las promulgadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En tal sentido, en noviembre de 2017 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27401 que determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción y podrían responder  «penalmente» en tanto algunas de las conductas tipificadas se «hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio«.

Las penas que podrían recibir las personas jurídicas son altamente gravosas y oscilan desde la imposición de multas, la suspensión total o parcial de sus actividades, la imposibilidad de participar en licitaciones de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado Nacional. La Ley introduce la posibilidad de que las personas jurídicas sean eximidas de pena, de haberse acreditado el diseño y la implementación de un programa de integridad adecuado, siendo éste obligatorio para todas aquellas empresas que pretendan ser proveedores en ciertas contrataciones del Estado Nacional.

La norma vigente tiene un enfoque claro y exclusivo en los delitos de corrupción, y esto se debe a que su punto de partida fueron las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE a la cual nuestro país pretende ingresar desde hace varios años.

Durante el mes de abril del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aprobó por medio del Decreto 258/2019 el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, el cual fue  desarrollado y coordinado por la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de Jefatura de Gabinete.

Participaron también diferentes organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Modernización Administrativa, la Unidad de Información Financiera (UIF), la totalidad de los ministerios y varias agencias descentralizadas con el objetivo de llevar adelante un proceso interno de planificación y comprometerse a implementar un conjunto de 260 iniciativas incluidas en el mismo.

El Plan consolida los objetivos prioritarios planteados por el PEN en 2016 en línea con las Convenciones Internacionales mencionadas, fija políticas de transparencia y es obligatorio para toda la Administración Pública Nacional. Prevé las prioridades que el gobierno establece en materia de lucha contra la corrupción para los próximos cinco años, de manera integral, abierta y pública. Colecta un amplio rango de iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas. Siendo los mecanismos  para mejorar la transparencia y la eficiencia de las contrataciones públicas -con especial énfasis en la obra pública-  la base de las iniciativas propuestas.

Cada una de las iniciativas mencionadas contempla plazos de ejecución para realizar un seguimiento periódico de avance y cumplimiento, cuyos objetivos principales son el fortalecimiento institucional, la modernización del estado y la inserción inteligente de la Argentina al mundo.

El logro de los objetivos descriptos se complementa con un  plan de lineamientos estratégicos compuesto de tres pilares fundamentales: la transparencia y gobierno abierto, la integridad y prevención, y la investigación y la sanción. Como iniciativas sectoriales que complementan el total de los 260 proyectos mencionados se destacan: el desarrollo de Programas de Integridad, líneas de denuncia y la correspondiente difusión de los mismos a cargo varias de las empresas de propiedad del estado.

Asimismo y con el fin de lograr los objetivos planteados se plantea la interesante iniciativa de conformar un Consejo Asesor ad-honorem integrado por organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia, siendo responsabilidad de la OA, previa intervención de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, la creación del mismo.

En síntesis, celebramos este proyecto ya que promueve la generación de estándares y mejores prácticas para el establecimiento de un entorno de negocios más transparente. Asimismo destacamos que su éxito también dependerá del grado de acompañamiento e involucramiento que se logre a nivel empresarial.

 

Zenón Alberto Biagosch

Socio de FIDESnet y Pte. de la Comisión de PLA/CFT del Consejo Profesional de Cs. Económicas

www.fidesnet.com.ar