ARGENTINOS SANCIONADOS POR LA OFAC: ¿ROS O RFT?

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Mg. Andrés Kores

I. LA OFAC

La Oficina de Control de Activos (The Office of Foreign Assets Control), conocida como OFAC (por sus siglas en inglés) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La OFAC se creó formalmente en diciembre de 1950, luego de la entrada de China en la Guerra de Corea, cuando el presidente Truman declaró una emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Esta agencia es la sucesora de la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (The Office of Foreign Funds Control), FFC (por sus siglas en inglés), que se estableció al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El programa de la FFC tuvo como propósito inicial evitar el uso de las tenencias de divisas y valores de los países ocupados por Alemania y prevenir la repatriación forzosa de fondos pertenecientes a nacionales de esos países. Después de que Estados Unidos ingresó formalmente a la Segunda Guerra Mundial, el FFC desempeñó un papel principal en la guerra económica contra las potencias del Eje al bloquear los activos enemigos y prohibir el comercio exterior y las transacciones financieras. Continue reading

Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023

 

COLUMNA DE OPINIÓN

Zenón Alberto Biagosch | El autor analiza los avances realizados por nuestro país en la reglamentación contra la corrupción y pone el foco en la reciente aprobación del Plan Nacional Anticorrupción. Si bien destaca que promueve la generación de estándares y mejores prácticas para el establecimiento de un entorno de negocios más transparente, advierte que su éxito dependerá del grado de involucramiento a nivel empresarial. | 07/05/2019

Las políticas anticorrupción cada vez más se han transformado en un tema central en la discusión política/institucional tanto en nuestro país como en el mundo desarrollado y pasaron a ser un tema influyente y ciertas veces condicionante en las relaciones bilaterales y multilaterales.

El Estado Argentino asumió diversos compromisos internacionales en esta materia a través de la ratificación de diversas convenciones internacionales contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero. Tales como las promulgadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En tal sentido, en noviembre de 2017 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27401 que determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción y podrían responder  “penalmente” en tanto algunas de las conductas tipificadas se “hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio“.

Las penas que podrían recibir las personas jurídicas son altamente gravosas y oscilan desde la imposición de multas, la suspensión total o parcial de sus actividades, la imposibilidad de participar en licitaciones de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado Nacional. La Ley introduce la posibilidad de que las personas jurídicas sean eximidas de pena, de haberse acreditado el diseño y la implementación de un programa de integridad adecuado, siendo éste obligatorio para todas aquellas empresas que pretendan ser proveedores en ciertas contrataciones del Estado Nacional.

La norma vigente tiene un enfoque claro y exclusivo en los delitos de corrupción, y esto se debe a que su punto de partida fueron las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE a la cual nuestro país pretende ingresar desde hace varios años.

Durante el mes de abril del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aprobó por medio del Decreto 258/2019 el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, el cual fue  desarrollado y coordinado por la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de Jefatura de Gabinete.

Participaron también diferentes organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Modernización Administrativa, la Unidad de Información Financiera (UIF), la totalidad de los ministerios y varias agencias descentralizadas con el objetivo de llevar adelante un proceso interno de planificación y comprometerse a implementar un conjunto de 260 iniciativas incluidas en el mismo.

El Plan consolida los objetivos prioritarios planteados por el PEN en 2016 en línea con las Convenciones Internacionales mencionadas, fija políticas de transparencia y es obligatorio para toda la Administración Pública Nacional. Prevé las prioridades que el gobierno establece en materia de lucha contra la corrupción para los próximos cinco años, de manera integral, abierta y pública. Colecta un amplio rango de iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas. Siendo los mecanismos  para mejorar la transparencia y la eficiencia de las contrataciones públicas -con especial énfasis en la obra pública-  la base de las iniciativas propuestas.

Cada una de las iniciativas mencionadas contempla plazos de ejecución para realizar un seguimiento periódico de avance y cumplimiento, cuyos objetivos principales son el fortalecimiento institucional, la modernización del estado y la inserción inteligente de la Argentina al mundo.

El logro de los objetivos descriptos se complementa con un  plan de lineamientos estratégicos compuesto de tres pilares fundamentales: la transparencia y gobierno abierto, la integridad y prevención, y la investigación y la sanción. Como iniciativas sectoriales que complementan el total de los 260 proyectos mencionados se destacan: el desarrollo de Programas de Integridad, líneas de denuncia y la correspondiente difusión de los mismos a cargo varias de las empresas de propiedad del estado.

Asimismo y con el fin de lograr los objetivos planteados se plantea la interesante iniciativa de conformar un Consejo Asesor ad-honorem integrado por organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia, siendo responsabilidad de la OA, previa intervención de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, la creación del mismo.

En síntesis, celebramos este proyecto ya que promueve la generación de estándares y mejores prácticas para el establecimiento de un entorno de negocios más transparente. Asimismo destacamos que su éxito también dependerá del grado de acompañamiento e involucramiento que se logre a nivel empresarial.

 

Zenón Alberto Biagosch

Socio de FIDESnet y Pte. de la Comisión de PLA/CFT del Consejo Profesional de Cs. Económicas

www.fidesnet.com.ar

 

Argentinos, ¿qué nos pasa?

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COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA

por Zenón Biagosch

¿Por qué aceptamos con resignación o indiferencia que uno de cada tres argentinos viva bajo la línea de la pobreza?

Nuestro país vive hoy quizás el momento político, social y económico más desafiante desde la crisis de 2001. Estamos entrampados en la supuesta existencia de tres porciones de nuestra población de las cuales ninguna alcanzaría una mayoría electoral y presuntamente poseen ideologías sin posibles puntos de encuentro.

Esto sumado a que hay quienes por conveniencia electoral exponen una grieta entre dos grandes facciones de esos tres sectores y pretenden convencernos de que la única posibilidad es dirimir el poder de turno en un potencial ballottage solo entre ellos dos.

Ahora bien, ¿tan difícil es entender que la verdadera grieta no es ideológica sino social? ¿Que resulta inaceptable seguir conviviendo con un tercio de nuestra población en una situación de pobreza indigna que debería avergonzarnos a todos? Más allá de esa supuesta grieta subyacen gravísimos problemas económicos, sociales, políticos y hechos institucionales de connotaciones inusitadas que están denigrando a toda nuestra sociedad. Continue reading

Los Riesgos Del Financiamiento Del Terrorismo

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Zenón A. Biagosch | El autor resalta que es ineludible analizar los flujos de ingresos que nutren a las organizaciones terroristas y los vínculos de los mismos en nuestro territorio, por lo que destaca la importancia de reforzar el seguimiento del rastro financiero y el conocimiento de todos los tipos de Organizaciones Terroristas.

La forma de actuar de las Organizaciones Terroristas ha evolucionado de tal manera que han transformado el modus operandi y reducido los costos del mismo, evolucionando y elevando la complejidad de su financiamiento. Han modificado su tamaño, estructura, alcance operativo, motivaciones, reclutamiento y capacidades.

Sin embargo, pese a las diferencias que existen entre ellas, así como entre los miembros de las mismas y los partidarios individuales, permanece latente en todas una misma necesidad: la necesidad de obtener los medios financieros para transformar sus objetivos en actos. Por ese motivo es ineludible analizar los flujos de ingresos que nutren a dichas organizaciones y los vínculos de los mismos en nuestro territorio. Continue reading

Del laberinto se sale por arriba

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COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA

por Zenón Biagosch

 

Hace casi una década en Argentina se inició la construcción de una bomba casi perfecta y muy difícil de desactivar diagramada en base a profundos desajustes y desequilibrios macroeconómicos, para algunos casi irreversibles. Recesión, récords de déficit fiscal, cuasi fiscal y de cuenta corriente, atraso cambiario, tasas reales negativas, servicios ridículamente subsidiados, puja salarial y distributiva, déficit energético, restricciones cambiarias, fuga de capitales, acceso denegado a los mercados financieros voluntarios, etc., son algunos de los letales compuestos de esa bomba. Esto acompañado por una recurrente tensión de precios provocada por la aplicación de erróneas políticas monetarias, tributarias, de ingresos, crediticias y de inversión que ayudó también a construir la más dramática de nuestras realidades sociales, como son la pobreza y la indigencia estructurales que padece un inaceptable número de compatriotas. Incluso por no convalidar tales políticas en 2010, algunos directores del Banco Central fuimos casi expulsados de esa institución. Este difícil escenario solo permitió revertir o modificar en los últimos años algunos pocos de los problemas estructurales antes mencionados, aunque se debe reconocer un cambio de tendencia basado más en logros institucionales que económicos. Esta trampa casi perfecta pareciera habernos hecho ingresar a un complejo laberinto ya que nos empecinamos y encerramos en el intento de encontrar soluciones inmediatas a dilemas coyunturales impidiéndonos adoptar una mirada más estratégica. Confianza y expectativas. Las desgraciadas y recurrentes crisis económicas y sociales que hemos padecido en los últimos treinta años han cambiado las formas de razonar de aquellos argentinos que toman decisiones económicas cotidianas, sean estas de ahorro o de inversión. El objetivo de obtener rentabilidad ciertas veces pasa a ser marginal o secundario y tales decisiones se terminan adoptando por la influencia de componentes muy subjetivos, como son la confianza y las expectativas, principalmente respecto de los actos de gobierno. Un pequeño cisne negro irrumpió en las últimas dos semanas en una frágil y presunta tranquilidad financiera, lo que generó una huida de capitales golondrina guiados por una menor rentabilidad interna y mejores oportunidades externas pero también acompañada en parte por actores locales invadidos por el desconcierto. En esta oportunidad, hasta el propio Gobierno fue afectado quizás por sobreexpectativas negativas que derivaron en un sorpresivo anuncio de acudir al FMI, que por más que haya estado en su radar, seguramente se hubiese anunciado en otro momento. La tranquilidad llegó solo cuando se pudieron demostrar decisiones firmes, acertadas y coordinadas tanto dentro como fuera del Gobierno. Este episodio nos enseña que para instrumentar una política económica no solo hace falta saber de economía, sino más bien de política. ¿Serán señales de ese tipo lo que la gente está esperando para mejorar su confianza y sus expectativas? Mirar para adelante. Alcanzar una senda de constante crecimiento no pareciera ser un desafío imposible de lograr. El camino de salida de la crisis de 2001-2002 mostró la notable capacidad de recuperación de nuestra sociedad, que supo afrontar y superar problemas tanto o más graves que los actuales. No obstante, para avanzar hacia la superación estructural de las crisis recurrentes que padece nuestra economía, antes que un aumento de los dólares disponibles, lo que más necesitamos es que dentro y fuera del país haya un aumento sustantivo del nivel de confianza en nosotros. Si lográramos incrementarla es posible que crezca la muy baja tasa de inversión productiva generadora de riqueza. Debemos premiar con beneficios a quienes apuesten a ello para lograr una economía más competitiva y generadora de empleo. Pareciera que lo dicho hasta aquí basta para demostrar que el principal insumo crítico que demanda hoy nuestro país es esa confianza. Por tanto, la pregunta que se impone es qué hacer para aumentarla, tanto de nativos como de foráneos. Una significativa señal podría ser poner en marcha un programa coordinado plurianual que incluya un cronograma de objetivos gubernamentales concretos y plausibles de reducción inflacionaria, que involucre y comprometa a todos los organismos que administran las políticas con injerencia directa en esta problemática: tributaria, salarial, monetaria, de inversión y crediticia, superador del tradicional esquema de metas de inflación como herramienta exclusiva de política monetaria. Esto como la cuestión medular de un plan integral de objetivos gubernamentales en materia de reordenamiento macroeconómico, el cual incluso podría plasmarse en una ley. Esto sería posible si el gobierno nacional realizara una convocatoria amplia que abarcara a todos los sectores políticos con representación parlamentaria, a los dirigentes empresariales, obreros y de los movimientos sociales, al mundo del pensamiento (universidades y academias) y a representantes de los cultos religiosos, para debatir, elaborar y poner en marcha un plan que defina el perfil estratégico del país a construir. Debemos lograr un acuerdo político en materia económica, pero político al fin. Si todos los que integren esa gran mesa fueran con la sincera voluntad de construir puentes que unan y derribar muros que separan, desde la conciencia de la difícil situación que vive el pueblo, llevar adelante esa iniciativa sería un trascendente paso hacia acumular la confianza que nos está faltando. Estos hitos, ya logrados en otros momentos de nuestra historia, confirman que, como enseñara Leopoldo Marechal, “de los laberintos se sale por arriba”, enseñanza que bien haríamos en tener en cuenta hoy cuando crece la perplejidad de encontrarnos encerrados, de pronto, en un laberinto que con un consenso colectivo de nuestra sociedad toda, en realidad sí tiene salida.

 

 

Participación en el Programa de 100% Seguros

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El rol del revisor externo independiente

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Zenón A. Biagosch | En relación al nuevo marco normativo en materia de PLA/CFT establecido por la UIF para el sector bancario, el bursátil y el asegurador, el autor analiza el nuevo mecanismo de evaluación que debe realizar un Revisor Externo Independiente y aborda las características de esa figura, que fue reglamentada por medio de la Res UIF 67/2017. | 17/04/2018

El nuevo marco normativo establecido por la Unidad de Información Financiera (UIF) por medio de las Res UIF 30/2017 y Res UIF 21/2018 y Res UIF 28/2018, regulatorias de los sectores bancario, bursátil y asegurador respectivamente, incorpora un nuevo mecanismo de evaluación del sistema integral de prevención de LA/FT.

El mismo deberá tener dos diferentes niveles. Uno basado en la aplicación de un plan de auditoría y de procedimientos de control interno, y un segundo a ser realizado por un Revisor Externo Independiente quien deberá emitir un informe anual con un pronunciamiento acerca de la calidad y efectividad del sistema de Prevención de LA/FT de la entidad a ser evaluada. También se deberán identificar la deficiencias detectadas, realizar una descripción de las mejoras a aplicar y sugerir plazos para su implementación. Todo esto deberá ser puesto en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, quien notificará debidamente al órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado.

Dicha figura fue a su vez reglamentada por medio de la Res UIF 67/2017 la cual además de crear el “Registro  de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo  (PLA/FT)”, en la órbita de la Dirección de Supervisión, nos otorga ciertas pautas del objetivo buscado por dicho organismo respecto de las revisiones a realizar.

Alcance de la revisión:

La norma pretende que el revisor realice una  adecuada valoración de la eficacia operativa del sistema, debiendo guiar la revisión sobre los siguientes aspectos centrales y sus respectivos componentes:

  1.  Valoración de la gestión de riesgos.
  2.  Gobierno Corporativo y normativa interna.
  3.  Cumplimiento de la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente.
  4.  Sistemas de Monitoreo y Reporte.
  5.  Conservación de la documentación de clientes y operaciones.
  6.  Cumplimiento de requerimientos de autoridades regulatorias.
  7.  Plan de Capacitación. Diseño y ejecución.
  8.  Actividades de verificación interna en materia de PLA/FT. Labor de auditoría y áreas de control interno.
  9.  Otros aspectos relevantes contenidos en las normas que regulen al Sujeto Obligado.

El  informe  deberá ser reservado e informado ante la UIF vía web mediante un formulario a ser desarrollado. Deberá contener información identificatoria del Sujeto Obligado, período de revisión, plazo establecido para su realización el cual que no tiene que encuadrar necesariamente al correspondiente con el del  ejercicio contable, período en el cual se llevaron a cabo las tareas, fecha de inicio y finalización de la revisión y de la emisión del informe, como así una descripción del alcance de las tareas realizadas. En caso que la UIF lo considere necesario podrá requerir, con  fijación de un plazo perentorio distinto al prefijado en la norma, la  remisión de los informes efectuados,  y en su caso los papeles de trabajo correspondientes.

Ahora bien, tal lo antedicho, el aspecto central de tal reporte es la emisión de un pronunciamiento acerca de cuestiones tales como la calidad, efectividad y eficacia operativa del funcionamiento de un sistema integral de prevención, lo cual exige la aplicación de procedimientos que exceden a una mera verificación de la existencia de procedimientos de control. Debe ser un juicio fundado y justificado en un riguroso trabajo profesional.

Cualidad del revisor:

Conforme la exigencia planteada en la norma y el tipo de opinión requerida es de esperar que quien vaya a suscribir estos informes deba cumplir con requisitos de idoneidad y experiencia acordes a la circunstancia.

Es por ello que en términos de idoneidad se requiere tener una formación académica de título de grado como así demostrar haber obtenido capacidades específicas en la materia que nos ocupa. Respecto de la experiencia exige exhibir un ejercicio profesional de al menos cinco años también en temas directamente relacionados con las cuestiones sujetas de revisión.

También se prevén ciertas inhabilidades e incompatibilidades propias en la realización de este tipo de tareas como así un régimen de sanciones que van desde un llamado de atención, suspensión o exclusión del registro para aquellos profesionales que se aparten de las exigentes reglas que deben regir la elaboración de este tipo de dictámenes.

Metodología:

Si bien dentro de las exigencias requeridas se incluye la necesidad que el revisor posea un título de grado, la norma no determina ninguna materia de especialidad específica para poder ostentar la calidad de revisor. Es decir fija una incumbencia profesional amplia permitiendo suscribir estos informes a cualquiera que cumpla con los requisitos antes mencionados.

Será el sujeto obligado quien deberá discernir a la hora de seleccionar y presentar a su revisor, qué profesión considera que posee mayores incumbencias acordes a la realización de las tareas a desarrollar, las cuáles se orientan a la verificación y ponderación de procesos y procedimientos de control interno los cuáles luego deberán calificarse de efectivos o no y con una fundamentacion técnica registrada en papeles de trabajo.

Si bien pueden existir profesionales de distintas ramas calificados para tal fin creemos que dichas tareas son de incumbencia natural de unas pocas profesiones.

Podríamos decir que la norma nos define el QUÉ, pero deja librado al revisor establecer el CÓMO. Esta realidad nos lleva, sea desde la UIF o desde las asociaciones profesionales, a tratar de homogeneizar las pautas para la realización de los informes ya que no todas las asociaciones profesionales poseen normas orientativas a su matrícula para realizar este tipo de tareas tan específicas.

Esto no sólo ayudará a que la UIF reciba informes con una estructura similar y realizados bajo pautas homogéneas, sino también evitará a que una misma realidad pueda ser evaluada en forma distinta conforme quien y como la observe. Esto puesto que entendemos que el objetivo del pronunciamiento es que se acerque más a un juicio de realidad y no tanto a un juicio de valor.

La tarea a desarrollar deberá gozar de la expertise y rigurosidad técnica necesaria para verificar no sólo la existencia de controles y procedimientos sino también ponderar su calidad y efectividad. Todo esto fundamentado con papeles de trabajo que verifiquen los hallazgos detectados para así darle sustento a las sugerencias sobre medidas correctivas  y los plazos en los cuales resultare aconsejable su ejecución, las cuáles deberán ser luego implementadas por las máximas autoridades del revisado.

El desafío luce interesante y prometedor ya que estas opiniones seguramente constituyan un valor agregado al accionar de la UIF y al sistema integral de prevención.

Zenón A. Biagosch

Socio de FIDESnet y Pte. de la Comisión de PLA/CFT del Consejo Profesional de Cs. Económicas

www.fidesnet.com.ar

FIDESnet Research – Financial Information Sharing Partnership.

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Link a FIDESnet Research

TOWARD A NECESSARY MODIFICATION OF AML / CFT SYSTEMS

Aporte al Programa Future of Financial Intelligence Sharing-FFI  promovido por el Royal United Services Institute sobre el Reporte denominado The Role of Financial Information Sharing Partnerships in the Disruption of Crime, realizado por el Lic. Zenon Biagosch

The world is currently facing a great challenge:  to identify and disrupt the flows of money from serious criminal activities. The range of the estimated size of the problem varies between different international organizations (BID, Tax Justice Network, Global Financial Integrity, FATF, ACFE, etc.) but it is possible that the income generated by certain serious crimes, such as money laundering, tax evasion, corruption, fraud, cybercrimes and counterfeiting accounts for between 8% and 15% of global GDP. At this scale, this is a problem which is likely to be affecting the integrity, transparency and healthy functioning of all economies.

My academic and professional activity in the past 20 years allow me to give a view from different perspectives on the evolution of the system designed to prevent and deter money-laundering and the financing of terrorism in the Republic of Argentina.

In the public sector, I had the opportunity to promote relevant public policies, as well as being a regulator and supervisor of our financial system and have represented my country in front of important international forums (CICAD/OAS, FATF, EGMONT, etc.). In the private sector, I was regulated and have advised clients to meet obligations under anti-money laundering laws. This experience, together with the development of my academic study of the issue, has unfortunately led me to develop a critical view of the historical functioning of our prevention system for financial crime in Argentina.

My experience does not allow me to affirm that we have achieved the desired objectives of seriously disrupting financial crime.
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Jaque al mundo empresario por ley anticorrupción

INFOBAE

OPINIÓN

Zenón Biagosch

Recientemente el Congreso de la Nación sancionó la ley sobre responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos de corrupción, que incorpora sustantivas modificaciones respecto de la primera versión aprobada por la Cámara Baja, alineándola a los estándares internacionales. Cabe recordar que nuestro país es uno de los adherentes a la Convención contra la Corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y tiene firmes pretensiones de lograr ser miembro pleno de tal organismo, lo cual lo obliga a tener este tipo de herramientas.

El proyecto alcanza a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito y la presentación de balances e informes falsos. La responsabilidad alcanza a la persona jurídica cuando alguien haya cometido alguna de dichas conductas actuando con su participación directa o indirecta, en su nombre, interés o beneficio, o cuando lo haya hecho un tercero, careciendo de las atribuciones necesarias para representarla, pero con la ratificación de tal gestión, aun de forma tácita, por parte de la empresa.

También es pasible de sanción, incluso cuando no haya sido posible identificar ni juzgar a la persona humana que hubiere participado, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia de los responsables de la entidad.

Acuerdo de colaboración eficaz

El proyecto prevé la posibilidad de suscribir este tipo de acuerdos con el Ministerio Público Fiscal, lo cual implica asumir el compromiso de cooperar mediante la revelación de información útil y comprobable que permita la identificación de autores o partícipes de hechos ilícitos, así como el recupero del beneficio indebido. Algo así como una figura del arrepentido para personas jurídicas.

Es condición para su firma el cumplimiento del pago de la mitad del mínimo de las sanciones pecuniarias previstas, la restitución de las ganancias producto del delito y de los bienes obtenidos de forma ilícita, la implementación de acciones tendientes a reparar el daño causado, la aplicación de medidas disciplinarias, la prestación de un servicio a la comunidad y la implementación de un buen programa de integridad.

Si, transcurrido un año, el Ministerio Público o el juez verificaran la verosimilitud y la utilidad de la información proporcionada, deberán respetar las condiciones establecidas en el acuerdo y no podrán imponer penas adicionales. En síntesis, el principal beneficio de suscribir este acuerdo radicaría en obtener una importante reducción de la sanción que potencialmente se le pueda aplicar.

Programa de Integridad

El Programa de Integridad es quizás la columna vertebral de esta iniciativa. Consiste en un conjunto de acciones y procedimientos internos orientados a prevenir, detectar y corregir actos ilícitos en materia de corrupción. Este deberá guardar relación con los riesgos inherentes de la actividad que desempeña la empresa, y con su dimensión y su capacidad económica. Debería contener, al menos, los siguientes componentes:

-Un código de ética o conducta que defina políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los miembros de la organización, incluyendo al directorio. Estos procedimientos se podrán extender a terceros, de ser necesario, tales como socios, proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios.

-Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos, principalmente en procesos concursales y licitatorios, y cualquier interacción con el sector público.

-Capacitaciones periódicas sobre el mismo programa de integridad a los miembros de la organización y los mencionados terceros.

-Análisis periódico de los riesgos y la consecuente adecuación del programa. Asimismo, monitoreo continuo de su efectividad.

-Políticas explícitas que demuestren el apoyo inequívoco y visible de la alta dirección y la gerencia.

-Canales internos de denuncia de irregularidades acompañado por una política de protección al denunciante ante posibles represalias.

-Protocolos de investigación interna respetando los derechos de los investigados y con sanciones para los incumplimientos al código de ética y los procedimientos asociados.

-Evaluación y monitoreo acerca de la integridad y la trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, en particular al momento de la contratación del servicio.

-Designación de un responsable interno encargado del desarrollo, la coordinación y la supervisión de la aplicación del programa.

Asimismo, su correcta implementación será condición indispensable para poder contratar con el Estado nacional.

Sanciones

Las empresas podrán ser sancionadas con multas de dos a cinco veces el monto de las ganancias ilícitas, suspensión total o parcial de sus actividades, inhabilitaciones para participar en concursos o licitaciones públicas, y hasta pueden llegar a su disolución y liquidación. Las que sean pasibles de ser sancionadas serán, a su vez, incorporadas en un Registro Nacional de Reincidencia.

Entre las cuestiones a ponderar por el juez para graduar tales sanciones se destacan el incumplimiento de las reglas y los procedimientos internos, la cantidad y la jerarquía de los funcionarios involucrados en el delito, la omisión de vigilancia, la extensión del daño, el monto de dinero involucrado, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la empresa, la denuncia espontánea e investigación interna, el comportamiento posterior, la disposición para mitigar o reparar el daño y la reincidencia.

Asimismo, la prescripción de la acción penal rige a partir de los seis años de cometido el delito. Esta prerrogativa fue uno de los puntos de desencuentros, ya que hay fuerzas políticas con representación parlamentaria que promueven la imprescriptibilidad de los actos de corrupción.

La eximición de pena sólo será factible si la entidad cumple las siguientes tres condiciones: contar con un Programa de Integridad adecuado y preexistente al hecho, realizar una denuncia espontánea como resultado de un proceso de investigación interna y restituir el beneficio indebido.

En síntesis, esta nueva legislación insta al mundo empresario a generar acciones preventivas y de control por medio de la implementación de sanas políticas corporativas si es que se pretende ser exonerado o recibir un trato preferencial al momento de ser sancionado.

Por último, consideramos que constituye un hecho institucional de relevancia para nuestra coyuntura que contribuye a generar un entorno de negocios más sano y transparente, lo cual es una condición indispensable para que las inversiones tengan un horizonte de previsibilidad y sustentabilidad.

El autor es presidente de FIDESnet.