Día de la Prevención del Lavado de Activos, Seamos Protagonistas!

COLUMNA DE OPINION

Por Fernando D. Di Pasquale | A propósito de esta fecha, el autor señala que hoy más que nunca debemos ser conscientes de que el narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural. E invita a viralizar esta concientización para que este flagelo no condicione la calidad de vida de las próximas generaciones. | 27/10/2015

Desde hace mucho tiempo el flagelo del lavado de activos es considerado una amenaza constante contra el orden económico, político, institucional y social. A partir de las graves consecuencias que esta problemática genera en la sociedad, tanto los estados como las organizaciones internacionales han abordado esta problemática desde distintas ópticas valiéndose  de la colaboración y compromiso del sector privado.

Tal vez toda esta locura haya comenzado con un simple depósito bancario cuando en el año 1973 Pablo Escobar hizo sus primeros depósitos en su caja de ahorros del banco Industrial Colombiano, los cuales eran fruto de sus primeras andanzas (contrabando de whisky, cigarrillos y electrodomésticos). Recién en el año 1974 hizo su primer viaje a Guayaquil para comprar sus primeros kilos de pasta de cocaína y poder procesarla. ¿Quién hubiera dicho que 40 años después estemos «celebrando» la lucha contra el lavado de activos? Lucha que como dice el Papa Francisco «aún no está ganada y falta mucho por hacer».

Todo lo ocurrido durante  esos años en Colombia y en la región marcaron mucho a la sociedad. Se empezaron a conocer diferentes naciones en las cuales era predominante el miedo al narcotráfico y su criminalidad. El mundo entendió que el lavado de activos es la fuente de financiación del crimen organizado, causando estragos en la sociedad, en los sectores económicos y en las instituciones públicas, transformándose en terror y violencia.

Fue así que desde el año 1989 con la creación del GAFI, el objetivo siempre fue el de articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el Lavado de Activos. Hoy, luego de las últimas modificaciones a las recomendaciones del GAFI, esto se traduce en la construcción de una estrategia nacional en cada país para combatir este delito y de esa forma crear un ambiente adverso para la expansión de las actividades criminales.

La creación del GAFI fue clave en sus inicios para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros, proporcionando a los gobiernos herramientas para tomar medidas contra la delincuencia organizada y publicando programas integrales de concientización que contemplan el impacto y las consecuencias de este delito al ciudadano común.

Entre los organismos internacionales que contribuyen a la concientización de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se encuentra  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Dicho organismo cada 29 de octubre lidera la campaña denominada «Día Nacional de la prevención del lavado de activos». Su objetivo es movilizar a través de la web y de las redes sociales a todos los sectores de la sociedad e inspirar a las personas, a las empresas y a las entidades públicas a actuar contra el lavado de activos.

Hoy más que nunca desde Argentina debemos adherir a estos objetivos, debemos ser conscientes que el Narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural.

Invito a los lectores a sumarse a la campaña, viralizemos esta concientización para que podamos augurar que este flagelo no condicione la calidad de vida de las próximas generaciones.

¡¡¡Seamos protagonistas!!!

Fernando D. Di Pasquale

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Lavado de dinero, la variable oculta de la economía

 

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EDICIÓN IMPRESA

COLUMNISTAS 21.10.15 | 00:00

Zenón Biagosch, FIDESnet

La agenda económica ocupa uno de los lugares centrales en el escenario preelectoral y desde los espacios políticos con posibilidades de acceder al gobierno se presentan diagnósticos y propuestas acerca de diversas problemáticas tales como el estancamiento, la baja inversión, el nivel de inflación, la caída de reservas, el cepo cambiario, los déficit fiscal y de cuenta corriente externa, la expansión monetaria, las tasas reales negativas, la presión tributaria, la fuga de capitales, los subsidios, las limitaciones para el endeudamiento externo, la renegociación con los holdouts, etc.

Más allá de las coincidencias y discrepancias acerca de estos asuntos y de que algunos tengan posiciones más explícitas y con mayor vocación para su debate, lo cierto es que acerca de estos y otros temas de la economía es posible acceder a información cuantitativa y cualitativa que permiten ponderar la problemática y tener insumos para la toma de decisiones, aún con las posibles distorsiones de ciertas estadísticas oficiales.

Otro de los temas con justificada presencia protagónica en la agenda electoral es el de la inseguridad en general y en particular el del narcotráfico, una de las más desafiantes y amenazantes cuestiones para la futura gestión.

Acerca del narcotráfico y el consumo de drogas el Papa Francisco en sus recientes discursos en las Naciones Unidas y el Capitolio de Estados Unidos, señaló que viene cobrándose la vida de millones de personas en forma silenciosa y que la lucha contra ese flagelo, a la cual calificó como una guerra, involucra también a la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la explotación infantil y otras formas de corrupción.

El Santo Padre también advirtió que ese fenómeno ha penetrado distintos niveles de vida, social, política, artística y religiosa, generando una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.

Las palabras de nuestro Papa acerca de este combo explosivo debieran interpelarnos y convencernos que esas realidades delictivas y sus derivaciones económicas pueden transformarse en la variable con mayor poder de desestabilización de los órdenes económico-financiero y político-institucional de nuestro Estado.

Aunque esas amenazas a la estabilidad sean más graves que cualquiera de los asuntos económicos antes mencionados, es triste aseverar que acerca de la economía del crimen en nuestro país no sólo no existen datos precisos, sino que ni siquiera hay una metodología establecida para obtenerlos.

Esta información resulta imprescindible dado que las derivaciones económicas de las hoy denominadas empresas criminales son causa y consecuencia de esta problemática. Son causa dado que el objetivo primordial de estas organizaciones criminales es obtener réditos económicos y son consecuencia porque parte de los cuantiosos beneficios que genera esta actividad se destinan a comprar voluntades para poder operar con tranquilidad y montar una logística de distribución, que en general involucra a jóvenes que son captados por estas redes criminales dado que están sumidos en una marginalidad casi esclavista.

Frente a la magnitud que implica ese desafío es un equívoco creer que puede ser abordado por un único organismo o unidad, por mayores facultades que le otorguemos. Antes bien, esta temática debe ser atendida como parte central de una política integral en materia económica y también de seguridad.

Un buen ejemplo a considerar es la solución institucional adoptada por los Estados Unidos post 09/11, donde se creó una Subsecretaría de Estado de rango cuasi ministerial en el ámbito del Departamento del Tesoro, para atender las derivaciones económicas de aquel brutal atentado.

Ello en el entendimiento que esta temática debe ser abordada por una instancia responsable de formular políticas públicas y no sólo desde un organismo de carácter técnico/operativo como puede ser la UIF, por más eficiente que pueda ser.

Resulta esencial también federalizar el tratamiento de esta problemática, involucrando a las instancias gubernamentales provinciales. Asimismo se la debe incorporar como tema central en las relaciones internacionales por ser quizás el principal ítem de la agenda negativa internacional actual.

En base a lo expuesto esperamos que quienes tengan la responsabilidad política de establecer la estrategia para volver a la senda del crecimiento y del equilibrio macroeconómi co entiendan la necesidad de incorporar esta temática en esa agenda de prioridades. De lo contrario el factor con mayor capacidad de desestabilizacion de nuestra economía, seguirá siendo una variable oculta.

Menor presión internacional vs. mayores exigencias locales

COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor señala el endurecimiento de medidas financieras y advierte sobre la importancia de evitar que se distorsionen las políticas y herramientas para combatir el lavado proveniente de los ilícitos más preocupantes. | 28/09/2015

Desde 2011 hasta mediados de 2014 fueron años signados por una masiva regulación en materia de PLA y FT, seguido de un riguroso sistema de supervisión y sanciones por parte de la UIF. En gran medida esta época estuvo muy influenciada por la presión internacional y la inclusión de Argentina en la lista «gris» del GAFI. Debíamos mejorar nuestro sistema de prevención y demostrar su efectividad.

Luego de semejante esfuerzo para revertir la situación frente el GAFI, en  octubre del 2014 se celebraba la tan ansiada salida de la lista «gris» del GAFI. Fue fundamental la confirmación de la exclusión al «Seguimiento Intensivo» y el reconocimiento público del significativo progreso de Argentina en materia de PLA y FT. Llegó una «Menor presión internacional».

Todo hacía suponer que la situación en nuestro país iba a mejorar y tendríamos menor presión a nivel interno. Pero la realidad y coyuntura económica nos sorprendió. Si bien hubo un período de adecuaciones regulatorias por parte de la UIF, otros actores como el BCRA y la CNV, esta última específicamente en materia de inspecciones, impusieron mayores exigencias al sistema financiero que impactaron no sólo en la estructura y organización de las entidades sino en el negocio y por ende en su rentabilidad.

Recorramos algunas de las normativas emitidas por el BCRA en los últimos tiempos:

  • Comunicación «A» 5612 (05/08/14): adopta definiciones determinantes con relación a los procedimientos de debida diligencia a aplicar tanto a los nuevos clientes como al stock. Se destaca la determinación taxativa de la discontinuidad operativa de los clientes no sólo cuando no presente la documentación correspondiente sino cuando haya algún cliente involucrado en un reporte de operación sospechosa.

Luego de tanta controversia y a los efectos de alinearnos a los estándares internacionales (Documento sobre De Risking del GAFI) el BCRA modificó su criterio y dictó la Com. «A» 5736.

  • Comunicación «A» 5736 (01/04/15 a dos meses de la entrada en vigencia de la Comunicación «A» 5612): cambio de criterio en el tratamiento de la discontinuidad operativa de los clientes en stock, eliminando la obligatoriedad de finalizar con la relación operativa/comercial de un cliente ante la identificación de un reporte de operación sospechosa en el cual dicho cliente pudiese estar involucrado.
  • Comunicaciones «A» 5689 y«A» 5690 (8/01/15): nuevo  criterio de registración y exposición contable de las sanciones en materia de PLA/FT. Las entidades que sean o hayan sido notificadas sobre sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las penales con sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por el BCRA, la UIF, la CNV y la SSN, debieron provisionarlas contablemente al 100%. Dicha previsión se debió realizar independientemente de la significatividad de las sanciones y aún cuando mediaren medidas judiciales o administrativas que suspendan el pago. Esta norma afectó los resultados de las entidades e hizo modificar el proyecto de distribución de utilidades.

Asimismo, la AFIP dispuso que las entidades no podrán deducir en el cómputo del impuesto a las ganancias, los gastos relativos a las multas y sanciones antes referidas ni las sumas destinadas a que sus directivos para que afronten las multas que a ellos les pudieran corresponder por actuar en tal carácter.

  • Comunicación «A» 5785 (31/07/2015): se endurecen las normas sobre la valoración de antecedentes (accionistas, directores, síndicos y gerencia general), la autorización para la distribución de utilidades y la autorización para la apertura de nuevas sucursales en el país y en el exterior. Este endurecimiento y mayor evaluación por parte del BCRA dependerá a partir de ahora de las sanciones que registren las entidades en materia de lavado de activos durante los últimos 5 años. El BCRA no sólo ponderará la existencia de sanciones por incumplimiento a las normas sobre PLA y FT por parte de los organismos de contralor tales como UIF, CNV y SSN, sino que además amplía el alcance incorporando las sanciones de los entes de supervisión extranjeros. Incorpora asimismo una nueva atribución al BCRA, dado que éste puede aplicar sanciones adicionales dispuestas en el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras (sumarios entre otros) en caso de constatarse que los incumplimientos a la normas sobre PLA y FT también constituyen incumplimientos a la Ley 21526 y Ley 18.924 y modificatorias, no sólo a los miembros del directorio sino también a accionistas, síndicos y gerentes.

Todo este endurecimiento de las medidas mencionadas más la convocatoria del BCRA a los oficiales de cumplimiento a una reunión en el histórico salón Bosch del BCRA el pasado viernes 25, hace pensar que existe mucha preocupación sobre la coyuntura económica actual y estas medidas estarían destinadas a paliar dicha situación en lugar de prevenir el lavado de activos proveniente de ilícitos como el narcotráfico, la corrupción y otros delitos graves.

Estas medidas adoptadas por el BCRA, relacionadas con el lavado de activos, están tomando mayor relevancia que la propia Res UIF 121/2011, siendo esta la norma madre sobre la cual se monta el sistema de prevención para el sistema financiero argentino.

Como conclusión, debemos reflexionar si la utilización de las políticas y herramientas para combatir el lavado de activos también deben ser utilizadas para paliar la tensión económica actual o deben ser establecidas para mitigar el flagelo del narcotráfico en Argentina, entre otros. No olvidemos que en los últimos años se descubrieron 159 laboratorios de cocaína, pasta base y drogas sintéticas. Como dijo el Papa Francisco en estos días «el narcotráfico es una guerra asumida y pobremente combatida».

No debemos perder el sentido del objetivo en materia de prevención de lavado de activos, que no se distorsionen las políticas y herramientas para combatir el lavado proveniente de los ilícitos preocupantes.

Fernando D. Di Pasquale

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Mayores restricciones del BCRA para los bancos sancionados por lavado de dinero

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza el endurecimiento de las normas sobre la valoración de antecedentes, establecido a través de la Comunicación «A» 5785 del BCRA. Destaca que estas nuevas medidas generan mayor presión en el sector financiero y, en ese marco, resalta la importancia cada vez mayor que tienen las regulaciones en materia de PLA y FT en este mercado. | 18/08/2015

El pasado 31 de julio, a través de la Comunicación «A» 5785, el Banco Central (BCRA) decidió endurecer aún más las normas sobre la valoración de antecedentes (accionistas, directores, síndicos y gerencia general), la autorización para la distribución de utilidades y la autorización para la apertura de nuevas sucursales en el país y en el exterior. Este endurecimiento viene de la mano a partir de las sanciones que registren las entidades en materia de lavado de activos.

Es decir que, el BCRA dentro del marco de su competencia, en los casos que las entidades financieras y cambiarias estuviesen sancionadas por la Unidad de Información Financiera (UIF), Comisión Nacional de Valores (CNV) y Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) por incumplimientos a las normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA y FT), evaluará la autorización o no de las situaciones expuestas.

A partir de esta nueva pauta, el BCRA ponderará no sólo la existencia de sanciones por incumplimiento a las normas sobre PLA y FT por parte de los organismos de supervisión locales (UIF; CNV; SSN), sino que además amplía el alcance incorporando las sanciones de los entes de supervisión extranjeros.

Se establece que no sólo el importe de la sanción es un factor esencial al momento de la evaluación, sino que también se contemplará el tipo y motivo del incumplimiento; la posible alteración del orden económico; las situaciones de reincidencia y de reiteración de sanciones; perjuicios ocasionados a terceros; beneficio para el sancionado, su volumen operativo, responsabilidad patrimonial y de los funcionarios involucrados en general.

En materia de definiciones es importante mencionar un cambio sustancial en el concepto de «reincidencia», ya que el plazo ante la existencia de una nueva sanción asciende a 5 años, mientras que hasta el mes pasado era sólo de 1 año.

Se incorpora asimismo una nueva atribución al BCRA, dado que éste puede aplicar sanciones adicionales dispuestas en el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras (sumarios entre otros) en caso de constatarse que los incumplimientos a la normas sobre PLA y FT también constituyen incumplimientos a la Ley 21526, Ley18.924 y modificatorias, no sólo a los miembros del directorio sino también a accionistas, síndicos y gerentes.

Estas nuevas medidas generan mayor presión en el sector financiero, dado que a partir de este mes es imprescindible no registrar antecedentes negativos en materia de sanciones de PLA y FT durante los últimos 5 años para poder distribuir utilidades, abrir nuevas sucursales o ser designado como director o funcionario de una entidad.

Se torna cada vez más significativo el cumplimiento de las normas de PLA y FT, sin lugar a dudas desde hace un tiempo pasaron a ser las normas de mayor relevancia en el sector financiero.

Dr. Fernando Di Pasquale

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El Auge de los Narconegocios

El Cronista

Recientemente la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe acerca del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina titulado “Aumento del tráfico de drogas en los barrios, problemas de adicciones severas en las familias y poblaciones de riesgo”.

Si bien es novedoso respecto a su rigor metodológico, lamentablemente no lo es respecto de sus resultados, los cuales confirman una percepción generalizada de nuestra sociedad. Dicha percepción puede verificarse en un sin número de advertencias que, como complemento al mencionado trabajo, nos viene realizando la institución eclesial. Por caso valdría recordad el documento titulado “La Droga, sinónimo de Muerte” publicado por nuestros obispos hace ya seis años y en la misma línea los escritos sobre “El drama de la droga y el narcotráfico” publicado por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2013.

– El compromiso suscripto en diciembre de dicho año por todo el arco político con representación parlamentaria acerca de la urgente necesidad en aumentar políticas públicas en esta materia. Dicho acuerdo, el cual se logró a instancias de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, aún no ha logrado mostrar ninguna medida concreta que dé cuenta del éxito de dicha acción colectiva.

– Los recientes dichos de nuestro Papa Francisco donde afirma que “hace 25 años Argentina era un lugar de paso de la droga, hoy en día se consume. No tengo la certeza, pero creo que también se fabrica”.

Todo ello complementado con señales desde otros ámbitos, tal fue el caso de la alarmante frase “El narcotráfico está afectando al Estado de Derecho” expresada ni más ni menos que por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de la apertura del año judicial del 2014. O la estimación cuantitativa de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) la cual sostiene que el Paco mueve por día en nuestro territorio más de nueve millones de pesos.

Ahora bien, el documento bajo análisis, el cual viene a reemplazar a las inexistentes y necesarias estadísticas oficiales en esta materia, es un nuevo llamador de esta grave situación. De una muestra de aproximadamente 5700 casos analizados en una evolución entre 2010 y 2014, se pudo registrar que la venta de drogas en los barrios se incrementó en un promedio de 50% siendo que ese guarismo es mayor en las zonas más marginales y con falta de presencia policial, lastimando y degradando principalmente a los sectores sociales más vulnerables.

Asimismo el estudio demuestra un gran avance en la degradación de los entornos familiares de los adictos, como así de los ámbitos residenciales donde la población consumidora es más permeable. Ello complementado con el reclutamiento de los jóvenes en situación de fragilidad por parte de las organizaciones criminales contribuyendo a la construcción de territorios estigmatizados que afectan negativamente a sus habitantes, creando un entorno inestable y violento.

A esto se le suma la grave problemática del aumento del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes, destacado también en el mencionado estudio, el cual se vislumbra como uno de los traumas más alarmantes y tristes de esta última década.

Esta gravísima situación y su escalada se soluciona de una única manera: con decisión política. El gran desafío es la construcción de una política de estado que aborde la problemática desde sus diferentes perspectivas, incluyendo la prevención, la asistencia, el control del tráfico y la producción y el control de sus movimientos económicos.

Asimismo es imprescindible que la sociedad civil de un aporte a esta lucha bajo diferentes formas de organización que permita atender primordialmente las demandas de los más necesitados. Desde el mundo de los negocios, es imprescindible que se ataque y controle el brazo económico de estas organizaciones ya que en realidad la obtención de una renta es el principal objetivo de estas conductas.

Aguardamos esperanzados que quien tenga la responsabilidad gubernamental venidera tome conciencia que éste será el principal desafío de su gestión. No existe problemática que se le equipare y que tenga la capacidad de poner en jaque al orden económico, político, institucional y social. Es decir, la gobernabilidad.

Reconozcamos los “Alertas” porque el Titanic se aproxima al Iceberg.

«De Risking»: El GAFI insta mantener el equilibrio

COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor aborda una problemática recurrente en materia de lavado: cómo implementar una matriz de riesgo eficiente para la aplicación del enfoque basado en riesgo. Señala que el gran desafío es saber cómo gestionar los resultados que arrojan. Ciertas entidades/países aplican políticas defensivas y extremas, con un tratamiento excluyente a los sectores/clientes «más riesgosos» en materia de lavado de activos, que se denomina «de risking». Avances y desafíos. | 23/06/2015

La aplicación del enfoque basado en riesgo como método para la administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos no es una novedad, las buenas prácticas y los estándares internacionales lo enuncian hace tiempo.

Cómo implementar una matriz de riesgo eficiente es el tema recurrente en la agenda de los seminarios de capacitación. El desafío es saber cómo gestionar los resultados que arrojan.

Los organismos de contralor se han alineado a este estándar internacional a partir de las nuevas 40 recomendaciones, emitiendo regulaciones y acompañándolas del correspondiente esquema de sanciones por incumplimiento.

Los sujetos obligados están alcanzados por estas normativas y su deber es aplicar y gestionar los riesgos del lavado de activos en forma eficiente, cumpliendo con las regulaciones vigentes, sin perder de vista «el negocio», fundamental para su subsistencia y maximizar sus resultados.

Sin embargo, la gran presión normativa desde hace más de 10 años, los costos de implementación de políticas de compliance y las altas sanciones impuestas por los organismos de contralor, han generado la reacción de ciertas entidades/países aplicando políticas defensivas y extremas, dándole un tratamiento excluyente a los sectores/clientes «más riesgosos» en materia de lavado de activos.

El término utilizado para esta nueva situación es denominado «de risking».

El temor a las penalidades económicas, a la difusión pública y su consecuente impacto reputacional parece pesar bastante al momento de decidir mantener en cartera a los clientes perfilados como de alto riesgo.

Es frecuente la publicación de artículos referidos a las multas millonarias impuestas a bancos reconocidos a nivel mundial, al cierre de cuentas de corresponsalía, al cierre de cuentas a personas extranjeras o expuestas políticamente. Uno de los efectos no deseados de esta práctica es la de exclusión del sistema formal tanto para personas físicas, jurídicas, sectores con determinadas actividades y hasta para determinados países.

Pareciera que todo exceso tiene una contrapartida negativa, en este caso se llama «de risking», y que justamente no es minimizar riesgos sino es resignar negocios para evitar riesgos.

El GAFI no es ajeno al impacto de esta problemática, tal es así que en la reunión Plenaria de Paris en octubre de 2014 se planteó el efecto «de risking», aclarando la necesidad de realizar una gestión adecuada del riesgo a los efectos de evitar aplicar medidas extremas por parte de los sujetos obligados y reguladores.

La inquietud que se planteó fue si al riesgo hay que evaluarlo y saber administrarlo («obviamente lo políticamente correcto») o directamente eliminarlo y a que costo.

Asimismo, ha destacado que la aplicación adecuada del enfoque basado en riesgos es «caso a caso» y no en forma general, presentando como caso extremo la decisión de eliminar a la totalidad de los clientes de riesgo alto, discontinuando la relación comercial con determinados sectores, por ejemplo los clientes de banca corresponsal latinoamericana que operan con bancos norteamericanos.

El hecho de tener el mote de pertenecer a un sector de la economía (cooperativa, mutual, casino, casa de cambio, etc.) no es razón suficiente para ser excluido del sistema formal.

Por otra parte, en marzo del 2015 el GAFI participó del Foro Consultivo del Sector Privado en Bruselas, en donde reitera su posición sobre «de-risking» y la necesidad de que las instituciones financieras y otros sujetos lleven a cabo la correcta aplicación del enfoque basado en el riesgo. Instó a los participantes del Foro a compartir estadísticas o experiencias con el fin de poder identificar la magnitud de este problema.

El GAFI entiende que liberarse del riesgo o riesgo cero, puede introducir mayor riesgo ya que expulsa del sistema formal a los clientes y se contrapone con el seguimiento de los fondos a través de entidades reguladas, situación que es inviable en entidades no reguladas o informales. La inclusión financiera es fundamental.

Luego de tanta presión, este nuevo efecto concientizador del GAFI destacando la necesidad de una gestión eficiente de los riesgos ¿logrará revertir las consecuencias actuales?

El desafío está planteado, auguramos un equilibrio justo para el bienestar del sistema integral de prevención y consideramos que es imprescindible que las legislaciones establezcan pautas claras de eximición de responsabilidad para quienes actúen en forma diligente.

Fernando D. Di Pasquale

FIDESnet

Los delitos financieros en la era de la virtualidad

COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace una análisis acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros y, en particular, los oficiales de cumplimiento. El futuro de nuestra actividad económica se está convirtiendo cada vez más digital, y ello requiere con urgencia nuevos análisis, evaluaciones e investigaciones sobre lo que el ciberdelito puede traer aparejado en materia de lavado de dinero. | 19/05/2015

A principios del mes de mayo tuve el agrado de participar del «1er. Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo CIPORPI/FT», realizado en la ciudad de México, en el cual me tocó disertar acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros.
La exposición obviamente comenzó con una afirmación: «El futuro de nuestra actividad económica se está convirtiendo cada vez más digital, sin embargo todavía hoy sigue un tanto subestimada. Estamos todavía en una etapa relativamente temprana de una sociedad digital que requiere con urgencia nuevos análisis, evaluaciones e investigaciones para soslayar los problemas que pueden traer aparejados en materia de lavado de dinero y sobre todo para abordar lo que se da en llamar el ciberdelito».

El factor de las nuevas generaciones

Si a este comienzo de la era digital le sumamos el avance de la demanda de lo tecnológico a partir de las nuevas generaciones «Y» y «Z», va a ser muy difícil evaluar hasta donde llegará la era de la virtualidad y sus consecuencias (buenas y algunas no tanto) en materia de delitos financieros. Estas nuevas generaciones, especialmente la «generación Y» ya son los clientes de nuestros sujetos obligados, especialmente las entidades financieras.

Para dimensionar esto podemos decir que en Latinoamérica, hoy los adultos de entre 18 y 30 años – «generación Y» – que demanda tanta tecnología, representa el 27% de la población. just ask El 90% siempre está online y cada vez más bancarizados a partir de nuevos canales de vinculación con el banco, por ejemplo redes sociales. Esto explica lo que hoy se da en llamar la «Omnicanalidad», interacciones con los clientes a través de canales digitales, un servicio multicanal.
Según estadísticas de la ONU, en 10 años las generaciones «Z e Y» representarán el 74% de la población mundial. En los próximos 4 años los usuarios de smartphones llegarán al orden de los 5.2 billones.
Con esto demostramos que este cambio generacional evidencia la utilización de lo digital como únicos medios de pago por ejemplo. Crecerá indudablemente la utilización del dinero electrónico – monedas virtuales.

Innovaciones que desafían la virtualidad
Dependiendo con quien se hable, algunos pueden decir que la era digital genera nuevas oportunidades y otros consideran la aparición de nuevos riesgos. Puede ser una oportunidad por ejemplo para la inclusión financiera pero también de riesgos para lo cual debemos modificar procesos, estructuras y normas.

Ciberdelito
La terrible paradoja es vivir en el siglo 21 cada vez más dependientes de la virtualidad pero recibiendo cada vez más ciberataques. Un tema que preocupa es la electricidad, por ahora nadie logró crear el semejante trastorno de provocar un apagón, pero el sector energético de EE.UU por ejemplo recibe permanentemente ataques los cuales son patrocinadas por estados «enemigos».
Una investigación del diario US today de principios de 2015 revela que entre 2011 y 2014 fueron 362 los informes de ataques físicos y cibernéticos contra compañías de electricidad. Sólo en el 2013 el Departamento de Seguridad de EE.UU recibió 161 denuncias de ataques cibernéticos al sector energético, cinco veces superior al 2011.
El gran desafío es que pasa si estos ataques afectan a las redes bancarias, como ocurrió con el JP Morgan y el Citigroup. La discusión hoy es quién se encarga y cómo de esta nueva tendencia ¿es el Estado con la ayuda del sector privado?
En abril de 2015, Barack Obama aprobó una orden ejecutiva, que no requiere del voto del Congreso, que permite por primera vez imponer penalizaciones a los individuos o grupos ubicados fuera de EE. UU que perpetren ataques o espionajes cibernéticos que supongan una «amenaza significativa» a la seguridad nacional, la política exterior, la economía o la estabilidad financiera. Para ello, el Departamento del Tesoro podrá congelar los activos de esas personas o entidades en EE.UU e impedir determinadas transacciones financieras con compañías estadounidenses.

Monedas Virtuales
Las famosas BITCOIN fueron lanzadas en 2009, y permiten a la gente hacer transacciones en internet. Al contrario de la mayoría de las monedas, las monedas virtuales no están respaldadas por ningún gobierno ni depende de la confianza de ningún emisor central.
También dependiendo de con quien se hable, las monedas virtuales como Bitcoin, pueden significar una forma de pago para las organizaciones criminales o la moneda de futuro.
Para los bancos, las relaciones con estos negocios presentan cuatro tipos de riesgos importantes: volatilidad, seguridad, anonimato y en particular, inconvenientes relacionados a la procedencia de los fondos y la posibilidad de ser utilizados para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
A partir del caso Liberty Reserve, una transmisora de fondos de Costa Rica que utilizaba monedas virtuales y logró llevar a cabo el mayor caso de lavado de dinero de la historia en donde se habrían lavado cerca de USD 6.000 millones, el FinCEN consideró a estas monedas de alto riesgo y comenzó a exigir a los administradores de monedas virtuales para que se ajusten a las regulaciones que rigen para las empresas de servicios monetarios – «Money Services Businesses» – (MSBs).
Estas regulaciones incluyen requerimientos para implementar un programa de identificación del cliente, conservar determinados registros, reportar todas las transacciones mayores a 10 mil dólares, y presentar informes basados en actividades sospechosas.
Distinta es la postura que tomó el gobierno de China, quien directamente no legalizó la utilización de las bitcoins.

Conclusión
Por un lado entre los beneficios, la mayor bancarización de las nuevas generaciones a través de la «omnicanalidad» va a desalentar la informalidad y el mayor uso del efectivo. Existirán mayores canales de acercamiento con los futuros clientes y seguramente con una reducción de los costos transaccionales y menores costos de estructura por parte de los bancos al momento de la oferta de servicios financieros, seguramente en el futuro habrá mucho menos sucursales. Todo esto redundará en una mayor inclusión financiera.
Por otro lado, la virtualidad parece ser una buena plataforma de soporte para el mundo del delito financiero, con carencia de regulaciones y poco expertise aún para regular y supervisar. Asimismo, se presenta la dificultad de poder establecer con claridad la jurisdiccionalidad del delito (virtualidad vs. territorialidad).
Ante todo esto, señores oficiales de cumplimiento, desde ahora no sólo vuestra tarea es la de velar por el cumplimiento de las normas de AML y CFT y evaluar los riesgos de esta problemática, es muy probable que también empiecen a controlar el ciberdelito, las transacciones con monedas virtuales y siempre sin descuidar el negocio y protegiendo la inclusión financiera.

Fernando D. Di Pasquale
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Necesaria alianza entre banca y sociedad

PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE PERFIL

ECONOMISTA DE LA SEMANA

Por Zenón Biagosch | 17/04/2015 | 23:24

Las innumerables crisis financieras ocurridas en nuestro país en los últimos 25 años han dejado un desafío difícil de sortear, tal es la reconstrucción de una profunda disociación y distanciamiento aún existente entre la banca y nuestra sociedad.

Por definición, el sistema financiero debiera ser una herramienta central para el desarrollo económico nacional y, a su vez, servir como instrumento de inclusión social brindando oportunidades para muchos actores económicos con capacidad emprendedora pero que no siempre disponen de los recursos necesarios. Lamentablemente, ello es un desafío aún pendiente en nuestro país.

Como muestra de tal disociación basta con repasar algunos indicadores que habitualmente se utilizan para evaluar los niveles de bancarización de una economía, los cuales en nuestro caso no sólo son magros, sino que estables si los evaluamos en los últimos años. Por caso, a finales de 2014 los créditos al sector privado representaban sólo el 12,4% sobre el PBI, los depósitos totales el 14,7% y los de plazo fijo un escueto 6,3%, siendo que estos últimos nos indican el nivel de ahorro que la sociedad canaliza por dicho sector.

Peor aún si consideramos que no más del orden del 50% de la Población Económicamente Activa opera transaccionalmente con los bancos y que sólo tenemos alrededor de 1,4 sucursales bancarias cada mil kilómetros cuadrados.

A su vez, todas esas variables medias comparativamente con países del mundo emergente y más aún con los desarrollados son muy inquietantes, puesto que las diferencias son realmente desalentadoras.

Escenario actual. Las razones de tal situación son muchas y variadas. Si lo analizamos desde el lado de los demandantes de servicios financieros, temas tales como el impuesto al cheque, requisitos a cumplimentar a la hora de vincularse, ausencia de tasas razonables, altos costos en comisiones, ausencia de sucursales, etc, seguramente sean los principales emergentes. En cambio desde la visión de los oferentes, temas tales como la informalidad, exigencias regulatorias, altos costos, inexistencia de mecanismos de fondeo a largo plazo, etc, sean algunas de sus razones.
Lo cierto es que más allá de todas esas cuestiones puntuales, y sin culpables a la vista a quien poder imputar, subyace una historia reciente colmada de desencuentros, la cual afectó algo muy subjetivo y difícil de reconstruir, la confianza. Esto causado más por la errónea aplicación de políticas públicas que por acciones propias de estos dos actores.

Ahora bien, como contracara de tal escenario vemos positivamente que lo expuesto no implica que el negocio bancario sea desalentador y poco rentable. Mirando su balance podemos ver que sus niveles de liquidez y solvencia son muy buenos y mejor aún su rentabilidad, la cual supera récords históricos. Tal situación se puede explicar analizando nuestra política macroeconómica implementada en los últimos años, la cual ha generado, quizás involuntariamente, condiciones favorables para dicho sector.

Por caso, la gran expansión de nuestros agregados monetarios, en especial de nuestra base monetaria, producto de una estresada emisión para atender el gasto público, hace necesario esterilizar luego parte de dicho dinero para no generar una mayor tensión de precios a la existente.
Esto deviene en la necesaria emisión y colocación de títulos emitidos por el Banco Central (Lebac y Nobac) a tasas atractivas, siendo los bancos los principales actores con capacidad de absorber dicha emisión. A fines de febrero de 2015 el total emitido de esos instrumentos ascendía a casi 325 mil millones de pesos, y alrededor del 75% se encontraba en mano de los bancos.

Más allá de las razones y su valoración, lo expuesto nos permite afirmar que nuestro sistema financiero se encuentra en una muy buena situación para encarar el desafío al cual hacíamos referencia.

El gran desafío. Es tan cierto como lamentable que, entre nosotros, muchos consideran el sistema financiero como un mal necesario y no como un bien deseable. Es así como aumentar la bancarización impone revertir esa valoración y probar a la opinión pública que los bancos sirven al bien común.

En esa perspectiva de reconciliación, resulta aconsejable que si la gestión venidera pretende reconstituir la confianza perdida y promover una banca de desarrollo y que a la vez genere oportunidades a los más marginados, debe atender algunas de las cuestiones antes mencionadas que fundamentan este divorcio.

Asimismo conviene equilibrar las variables centrales que hacen a un sano orden macroeconómico e incluso entender que fomentar un aumento del capital a tasas muy disociadas respecto de los niveles de productividad real seguirá generando distorsiones y en particular afectando la distribución del ingreso.

En este contexto es imprescindible que la banca pública juegue un rol central, habida cuenta de que posee alrededor del 48% de los depósitos y el 37% de los créditos totales del sistema. Ello, sumado a que el Estado es su administrador y que sus “accionistas” son los habitantes, pudiendo entonces resignar renta pecuniaria en pos de transformarla en más y mejores servicios y beneficios para sus clientes/accionistas, como por ejemplo la prestación de servicios financieros en regiones y actividades más desatendidas.

Se debe promover que la banca privada financie el giro de negocios de las empresas en general y de las pequeñas y medianas en particular, y orientar su cartera de créditos para estimular la producción de bienes y servicios, que actúe como complemento de la misión que deberá cumplir un mercado de capitales, cuyo rol central será el financiamiento a mediano y largo plazo. El Estado no debe quitarle capacidad prestable. En esta línea, pensar acerca de la fundación de un banco de desarrollo para financiar proyectos de largo plazo, tales como infraestructura, podría ser oportuno. Esta herramienta permitiría canalizar eficazmente potenciales superávits fiscales o lograr líneas de fondeo externo para proyectos de inversión.

Ningún país que pretenda encarar la senda del desarrollo podrá hacerlo sin aceptar que la política económica no puede prescindir de una herramienta que permita canalizar el ahorro de nuestra sociedad hacia la inversión local en una estructura de producción de bienes y servicios que genere prosperidad y bienestar a todos los sectores de nuestra comunidad. En ese marco, volver al orden macroeconómico y lograr una reconciliación entre la banca y la sociedad resulta imprescindible.
/ FIDESNET

Operación sospechosa ya no es una cuenta cerrada

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace referencia al cambio de criterio en el tratamiento de la discontinuidad operativa de los clientes en stock implementado por la «A» 5612. Destaca que la modificación parece muy acertada, no sólo porque coincide con los lineamientos de la ley vigente y de la UIF sino porque deja a criterio de la entidad la decisión final a partir de la aplicación de un enfoque basado en riesgos. La importancia del seguimiento reforzado de clientes involucrados en los reportes. | 14/04/2015

Con apenas dos meses de la entrada en vigencia de la Comunicación «A» 5612, el BCRA ha dado a conocer a través de la Comunicación «A» 5736 un cambio de criterio en el tratamiento de la discontinuidad operativa de los clientes en stock.

A través de la nueva comunicación, el BCRA elimina la obligatoriedad de finalizar con la relación operativa/comercial de un cliente ante la identificación de un reporte de operación sospechosa en el cual dicho cliente pudiese estar involucrado.

El cambio de criterio parece muy acertado, no sólo porque coincide con los lineamientos de la ley vigente y de la Unidad de Información Financiera (UIF) sino porque deja a criterio de la entidad la decisión final a partir de la aplicación de un enfoque basado en riesgos.

Como primer elemento objetivo debemos considerar que la Ley 25246 y modificatorias no impone obligación alguna al sujeto obligado en cuanto a discontinuar su relación comercial, contractual o profesional cuando deba reportar una operación sospechosa de un cliente.

En tal sentido, el artículo 18 de la citada ley plantea que «el cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie». A nuestro entender, el ejercicio de tal obligación bajo el criterio de «buena fe» implica conducirse con determinados criterios que demuestren la voluntad del sujeto obligado por aplicar todos sus recursos al análisis de las operaciones inusuales y, de corresponder, al monitoreo posterior reforzado de un cliente que haya sido reportado.

Por otro lado se destaca que la UIF, en todo su marco regulatorio, no obliga formal ni taxativamente a discontinuar con la relación contractual con un cliente involucrado en un reporte de operación sospechosa.

Por su parte, tanto en los foros internacionales como locales se considera relevante mantener el registro de las operaciones de los clientes que hayan sido involucrados en reportes ya que permite recolectar información sobre su comportamiento y colaborar con las investigaciones que realicen los organismos de análisis y la justicia.

Este criterio se materializa en la posibilidad que otorga la UIF de generar reportes «ampliatorios» para los casos de clientes que han sido reportados por los sujetos obligados. El límite de los reportes ampliatorios será a criterio del sujeto obligado a partir de la evaluación del riesgo que el mismo aplique y deje explicitado en sus políticas internas. Todo tiene un límite también.

Como se evidencia, y de acuerdo a nuestro entendimiento, el análisis sobre la continuidad contractual con el cliente no puede efectuarse bajo una pauta única aplicable de manera directa para todos los clientes reportados. No podemos generalizar «reporte es cuenta cerrada».

Ahora bien, en el caso de decidir continuar con la relación contractual/comercial, recomendamos efectuar un seguimiento reforzado de todos los clientes involucrados en los reportes, de manera de monitorear la evolución de su operatoria habitual, el alta de nuevos productos y/o la generación de nuevas inusualidades. Todo ello, a efectos de mitigar el riesgo de un potencial incumplimiento futuro del deber de informar por alguna de las tres causales que invoca actualmente la UIF, a saber: omisión de informar, informar tardíamente o informar en forma defectuosa.

Nunca debemos olvidar que un reporte de una operación sospechosa no es una denuncia de una presunta conducta delictiva. En ese sentido hay que evitar un prejuzgamiento adoptando medidas extremas como discontinuar la relación contractual.

En función de esto último y más allá de las novedades que hemos analizado en el marco de la desvinculación o no de los clientes, no debemos perder de vista el objetivo principal que es continuar con la optimización de los procedimientos relacionados con la identificación del cliente, su conocimiento y el monitoreo de sus operaciones para determinar las inusualidades. Este sigue siendo el gran desafío.

Dr. Fernando Di Pasquale

FIDESnet

FATCA: Prorrogan 90 días el reporte

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor describe las nuevas instrucciones que dio a conocer el IRS para las entidades inscriptas en FATCA y señala que los que optaron por ser participantes deben continuar invirtiendo recursos para poder cumplir. Los próximos meses serán definitorios para las instituciones financieras argentinas. Se traslada el efectivo vencimiento al 30/06/2015. | 17/03/2015

¿Recuerdan que las instituciones financieras extranjeras registradas en FATCA deben reportar información sobre aquellas cuentas financieras cuyos titulares sean contribuyentes estadounidenses?

Sobre esta obligación existen novedades importantes y pasan a ser mucho más significativas para Argentina, que aún no ha formalizado un IGA (Intergovernamental Agreement) con el IRS (Internal Revenue Service).

Al no existir este acuerdo entre los gobiernos, el primer reporte FATCA por parte de las entidades argentinas adheridas (540 entidades al 23/02/2015) debe realizarse directamente ante el IRS. Ello significa que será sin el consentimiento de nuestras autoridades nacionales para soslayar el incumplimiento de las leyes de secreto bancario y de protección de datos personales, entre otras.

Afortunadamente para las entidades argentinas adheridas a FATCA, el IRS dió a conocer nuevas instrucciones: por un lado publicó el formulario para realizar el primer reporte – «F. 8966 (FATCA REPORT)» – y por el otro estableció una extensión de 90 días a la fecha de vencimiento de este primer reporte que originalmente operaba el 31/03/2015 para el año calendario 2014.

Dicha extensión es automática y por 90 días, lo cual quiere decir que no surge la necesidad de solicitar prórroga alguna por parte de las entidades. Se traslada el efectivo vencimiento al 30/06/2015.

Asimismo, estableció que el alcance del reporte FATCA se incrementará año tras año. La información requerida en el reporte correspondiente al año 2014, consistirá en reportar sólo el «Número y Saldo» de la cuenta al 31/12/2014 de aquellos sujetos pasibles de ser reportados junto con información global de cuentas de sujetos considerados «recalcitrantes» o instituciones financieras no participantes.

El proceso de reporte se inicia con la registración en el International Data Exchange Service (IDES).

IDES es una aplicación web segura para la transferencia de archivos disponible para efectuar el reporte FATCA directamente al IRS. Para ello, las instituciones financieras deberán contratar un servicio de certificación digital a alguno de los emisores de certificados de encriptación digital aprobados por el IRS. Solamente las instituciones financieras registradas que posean un GIIN válido pueden crear una cuenta IDES.

Considerando lo expuesto, los próximos meses serán definitorios para las instituciones financieras argentinas, aguardando que la AFIP firme un IGA con el IRS a los efectos de poder cumplir con las leyes locales que mencionamos como el secreto bancario y la de protección de datos personales al momento del reporte. En el mientras tanto los que optaron por ser participantes deben continuar invirtiendo recursos para poder cumplir con las obligaciones FATCA.

Dr. Fernando Di Pasquale

Socio de FIDESnet – Director UCA

http://www.fidesnet.com.ar