Comunicación «A» 5838: ¿colisiona con las normas de la UIF?

COLUMNA DE OPINION

Por Fernando D. Di Pasquale | El autor analiza las implicancias de la Comunicación «A» 5838 y recomienda a la próxima gestión del BCRA un replanteo de la misma. Sostiene que establece umbrales máximos muy altos para determinadas infracciones y que le atribuye al organismo facultades que podrían superponerse con las de la UIF. | 01/12/2015

A partir del sábado 21 de noviembre de 2015, el Banco Central (BCRA) decidió actualizar y categorizar las sanciones que se impondrán por la aplicación del artículo 41 de la Ley 21.526. Su aplicación se hará efectiva a partir de las infracciones que se cometan desde la publicación de la norma y no sobre las infracciones anteriores.

Esta norma conlleva al reordenamiento del procedimiento sumarial, cerrando así un proceso normativo sancionatorio que se inició con la publicación de las sanciones, con la exigencia del previsionamiento contable del ciento por ciento de las multas, la consideración de dichas sanciones al momento de autorizar las distribuciones de utilidades, la expansión del negocio a través de sucursales y el nombramiento de funcionarios. Luego continuó con la implementación de la notificación electrónica de las mismas y culminó con emisión de la Comunicación «A» 5838, que establece la difusión pública de los criterios y montos para la determinación de las multas a aplicar.

Cabe señalar que el monto de dichas sanciones no se actualizaba desde 2010 y hasta hoy dichos criterios eran confidenciales por parte de los funcionarios del BCRA. Esta nueva reglamentación intenta ser un parámetro de orientación para la graduación de las sanciones con pautas objetivas, tal cual se contempla en los estándares internacionales, poniendo ciertos límites a la discrecionalidad que pudiera aplicar el BCRA.

La nueva norma, amén de diferenciar la aplicación de las sanciones a las personas jurídicas respecto de las personas humanas, establece, a mi juicio, umbrales máximos muy altos para determinadas infracciones. Esto podría generar situaciones que vulnerarían el principio de proporcionalidad de las penas.

Otro aspecto novedoso es la incorporación de factores atenuantes y agravantes. Entre los atenuantes se contempla el reconocimiento de los hechos previo a la apertura del sumario, reconocimiento y cooperación posterior a la apertura del mismo y  demostración clara del funcionamiento adecuado de los controles internos. Mientras que para los agravantes se consideran los antecedentes, las advertencias previas del BCRA, la duración del período infraccional y el  perjuicio ocasionando a terceros o al mercado.

La clasificación de las infracciones según su magnitud a partir de ahora se dividen en: gravísimas, muy graves, graves, moderadas y leves. Salvo en la categoría más gravosa, en el resto de las categorías contempla situaciones al incumplimiento de las normas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ver infografía al pie).

Estas pautas novedosas podrían colisionar con el régimen sancionador establecido en la Ley Nro. 26.683 y las normas que en consecuencia fueron dictadas por la UIF sobre esta materia. Habría que garantizar la no vulneración del principio general que establece que una misma persona no pueda ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Deberán ser los juristas quienes encuentren solución a esta posible colisión.

Tal superposición de atribuciones entre la UIF y el BCRA se agrava por las diferencias en el tipo y monto de la sanción que pudiera aplicar uno u otro organismo por la comisión de una misma infracción, por caso, legajos incompletos y/o no cumple con la política de conozca su cliente.

El gran desafío de la gestión entrante será demostrar efectividad en nuestro sistema integral de prevención y control de lavado de dinero. Posturas institucionales sin una correcta coordinación entre los organismos competentes no colaboran al logro de dicho objetivo. Sería saludable un replanteo de esta norma.

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NOTA: El BCRA establece asimismo, que se considerarán infracciones gravísimas, muy graves, graves, moderadas o leves, según corresponda, aquellos incumplimientos que aunque no estén expresamente mencionados en los puntos precedentes guarden similitud con alguna de las infracciones allí previstas.

 Fernando Di Pasquale

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Blanqueo: ¿cómo no volver a fracasar?

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COLUMNISTAS 20.11.15 | 00:00

Zenón Biagosch, FIDESnet. Ex Director BCRA

Pareciera haber consenso acerca de la implementación de un nuevo mecanismo de «blanqueo» como una de las tantas medidas a adoptar para retornar al orden macroeconómico. Si esto fuera así, es importante no cometer los mismos errores de los mecanismos ofrecidos en 2008 y 2012.
Son muchas las estimaciones acerca de la cantidad de ahorro que los argentinos poseen fuera del circuito formal o productivo. Los hay en pesos y en moneda extranjera, en el país y en el exterior, declarados y no declarados. Pero lo cierto es que no están ni bancarizados ni volcados en nuestro sistema de producción de bienes y servicios. El universo a seducir, en particular de la masa no declarada, es muy importante aumentando así las chances de éxito.

Antecedentes y requisitos internacionales

A partir de la crisis financiera mundial son muchos los países que han adoptado este tipo de herramientas. Esa tendencia motivó a que organismos internacionales como el GAFI definieran exigencias al momento de diseñar estas legislaciones. Lo que principalmente se requiere es mantener la estricta aplicación de la normativa sobre prevención de lavado de dinero a efectos de verificar la legalidad del origen de los fondos, más allá que los mismos no hayan sido declarados ante el fisco. El objetivo es evitar un mal uso de estas herramientas para que no se filtre dinero proveniente de la comisión de delitos graves. En síntesis se puede exteriorizar activos no declarados, pero de origen legal. Algo así como: dinero negro si, dinero sucio no.
En nuestro país, aparte de recaudar y promover la generación de empleo por medio de la inversión en el sector productivo, es imperante aumentar la oferta de moneda extranjera y recomponer el nivel de reservas internacionales.
En el mundo en cambio, el objeto casi excluyente de estos procesos es aumentar la recaudación fiscal, siendo en ciertos casos suficiente con la mera declaración del activo sin tener que movilizarlo. En cambio, nuestra realidad obliga a una necesaria intervención del sistema financiero para llevar a cabo ciertas acciones y así poder implementar el blanqueo. Aquí será la banca la que deberá aplicar los recaudos exigidos.
El éxito de este nuevo programa depende de poder establecer pautas claras y objetivas de actuación para otorgar tranquilidad tanto a los intermediarios financieros como a los interesados en exteriorizar.
Los sujetos interesados en exteriorizar deberán cumplir, entre otros, con dos requisitos esenciales:
1-Demostrar haber realizado una actividad económica durante un período de tiempo a determinar, correctamente declarada y en situación regular ante el fisco. De esta forma se podría verificar la existencia de una actividad legal regulada y supervisada por la AFIP.
2-Haber estado bancarizado durante dicho lapso siendo que esto permitiría corroborar que la actividad en cuestión fue sujeta de control y aplicación de la normativa anti lavado.
Verificadas tales condiciones, se podría aplicar a los ingresos declarados en dicho período una tasa presunta de evasión a fin de calcular el porcentaje máximo de esos ingresos susceptibles de ser blanqueados.
Existen muchos estudios internacionales sobre informalidad y evasión en nuestro país y la región, que podrían utilizarse como antecedente para definir dicha «tasa de evasión presunta». Como los más representativos podríamos mencionar a los publicados por Tax Justice Network, CIAT, CEPAL, BID y Banco Mundial. Los mismos estiman y concuerdan que los ratios de evasión al impuesto a la renta en nuestra plaza podrían rondar entre un cuarenta y un cincuenta por ciento. Estas particularidades hacen que nuestro modelo sea mucho más complejo de implementar y por ende también más difícil de explicar ante los organismos de fiscalización internacional, tal es el caso del GAFI. Esto no admite improvisaciones si pretendemos regenerar las condiciones de confianza suficientes para que el ahorro de los argentinos, declarados o no, se canalicen hacia la inversión tan deseada.

Claves para un blanqueo exitoso

PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE

PERFIL

Por Zenón Biagosch |

Mucho se habla acerca de la implementación de un nuevo esquema de exteriorización voluntaria de activos no declarados o mal llamado “blanqueo” como una de las herramientas para paliar el actual desequilibrio macroeconómico. Es importante no cometer los mismos errores del pasado reciente.

Son muchos los países, incluso del mundo desarrollado, que han adoptado este tipo de herramientas para paliar los déficits fiscales y foros multilaterales con competencias específicas, como el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impusieron condiciones para poder llevar a cabo estos procesos. El GAFI los detalla en su documento denominado “Voluntary Tax Compliance Programmes” publicado en el año 2012. El objetivo es exteriorizar activos no declarados, pero de origen legal. Se debe verificar la legalidad de la actividad que los originó impidiendo desvíos que permitan exponer una situación regular a quienes posean dinero originado en conductas delictivas y peor aún las ligadas al crimen organizado. Sólo podrían eximirse las conductas de omisión de declaración en tanto se verifique la legalidad del origen de los fondos.
A diferencia de lo que ocurre a nivel local, quien blanquea debe tributar sin recibir retribución alguna. Resulta contrario a una sana cultura tributaria retribuir a quien exterioriza utilizando fondos de los contribuyentes que aportan al fisco.

A medida. A diferencia de los casos expuestos donde lo que se busca principalmente es aumentar la recaudación fiscal, en el nuestro se deberán perseguir múltiples objetivos: por un lado recaudar para paliar el actual déficit fiscal y promocionar la inversión. Pero quizás el aspecto más apremiante hoy sea el de aumentar la oferta de moneda extranjera y asimismo recomponer la delicada situación de nuestras reservas internacionales.
Por eso se deberá requerir de acciones como la repatriación de capitales, la aplicación de los mismos en el sector productivo o en activos muebles o inmuebles o por caso la realización de un depósito bancario.

Nuestra realidad obliga a una necesaria intervención de ciertos actores económicos, como la banca, para que la operatoria se pueda materializar. Estos intermediarios, aparte de promocionar la adhesión al sistema, deberán aplicar los recaudados exigidos, para lo que hay que establecer pautas claras y objetivas que minimicen sus riesgos y también transmitan tranquilidad a los interesados. De lo contrario seguirán los intentos fallidos.

Propuesta. La exteriorización debiera poder realizarse en moneda local como extranjera y también en dinero o bienes registrables. Debieran ser sujetos elegibles sólo aquellos que  puedan demostrar haber realizado una actividad económica durante un periodo de tiempo a determinar, declarada y en situación regular ante el fisco por haber tributado y que a su vez hayan estado bancarizados en ese lapso.
Tales requisitos nos indicarían la existencia de una actividad legal regulada impositivamente y fiscalizada por la normativa sobre prevención de lavado de dinero.

Con esas condiciones, se podría aplicar a los ingresos declarados en dicho período un porcentaje o tasa presunta de evasión a fin de cuantificar el monto máximo susceptible de ser blanqueado.
La tasa podría definirse considerando diferentes estudios realizados sobre economía informal y niveles de evasión impositiva en nuestro país y la región en los últimos quince años, como los publicados por Tax Justice Network, la Cepal o el Banco Mundial, entre otros, que estiman que los ratios de evasión al impuesto a la renta podrían rondar entre un 40 y 50 por ciento. Aplicar un guarismo de ese orden a los ingresos declarados en el período para calcular un monto máximo a blanquear, podría resultar razonable.

Más allá de las mejores cualidades de la iniciativa a instrumentar, el gobierno venidero deberá regenerar la confianza para que el ahorro de los argentinos, se canalice hacia la inversión.

*FIDESnet.

Día de la Prevención del Lavado de Activos, Seamos Protagonistas!

COLUMNA DE OPINION

Por Fernando D. Di Pasquale | A propósito de esta fecha, el autor señala que hoy más que nunca debemos ser conscientes de que el narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural. E invita a viralizar esta concientización para que este flagelo no condicione la calidad de vida de las próximas generaciones. | 27/10/2015

Desde hace mucho tiempo el flagelo del lavado de activos es considerado una amenaza constante contra el orden económico, político, institucional y social. A partir de las graves consecuencias que esta problemática genera en la sociedad, tanto los estados como las organizaciones internacionales han abordado esta problemática desde distintas ópticas valiéndose  de la colaboración y compromiso del sector privado.

Tal vez toda esta locura haya comenzado con un simple depósito bancario cuando en el año 1973 Pablo Escobar hizo sus primeros depósitos en su caja de ahorros del banco Industrial Colombiano, los cuales eran fruto de sus primeras andanzas (contrabando de whisky, cigarrillos y electrodomésticos). Recién en el año 1974 hizo su primer viaje a Guayaquil para comprar sus primeros kilos de pasta de cocaína y poder procesarla. ¿Quién hubiera dicho que 40 años después estemos «celebrando» la lucha contra el lavado de activos? Lucha que como dice el Papa Francisco «aún no está ganada y falta mucho por hacer».

Todo lo ocurrido durante  esos años en Colombia y en la región marcaron mucho a la sociedad. Se empezaron a conocer diferentes naciones en las cuales era predominante el miedo al narcotráfico y su criminalidad. El mundo entendió que el lavado de activos es la fuente de financiación del crimen organizado, causando estragos en la sociedad, en los sectores económicos y en las instituciones públicas, transformándose en terror y violencia.

Fue así que desde el año 1989 con la creación del GAFI, el objetivo siempre fue el de articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el Lavado de Activos. Hoy, luego de las últimas modificaciones a las recomendaciones del GAFI, esto se traduce en la construcción de una estrategia nacional en cada país para combatir este delito y de esa forma crear un ambiente adverso para la expansión de las actividades criminales.

La creación del GAFI fue clave en sus inicios para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros, proporcionando a los gobiernos herramientas para tomar medidas contra la delincuencia organizada y publicando programas integrales de concientización que contemplan el impacto y las consecuencias de este delito al ciudadano común.

Entre los organismos internacionales que contribuyen a la concientización de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se encuentra  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Dicho organismo cada 29 de octubre lidera la campaña denominada «Día Nacional de la prevención del lavado de activos». Su objetivo es movilizar a través de la web y de las redes sociales a todos los sectores de la sociedad e inspirar a las personas, a las empresas y a las entidades públicas a actuar contra el lavado de activos.

Hoy más que nunca desde Argentina debemos adherir a estos objetivos, debemos ser conscientes que el Narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural.

Invito a los lectores a sumarse a la campaña, viralizemos esta concientización para que podamos augurar que este flagelo no condicione la calidad de vida de las próximas generaciones.

¡¡¡Seamos protagonistas!!!

Fernando D. Di Pasquale

www.fidesnet.com.ar

Lavado de dinero, la variable oculta de la economía

 

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EDICIÓN IMPRESA

COLUMNISTAS 21.10.15 | 00:00

Zenón Biagosch, FIDESnet

La agenda económica ocupa uno de los lugares centrales en el escenario preelectoral y desde los espacios políticos con posibilidades de acceder al gobierno se presentan diagnósticos y propuestas acerca de diversas problemáticas tales como el estancamiento, la baja inversión, el nivel de inflación, la caída de reservas, el cepo cambiario, los déficit fiscal y de cuenta corriente externa, la expansión monetaria, las tasas reales negativas, la presión tributaria, la fuga de capitales, los subsidios, las limitaciones para el endeudamiento externo, la renegociación con los holdouts, etc.

Más allá de las coincidencias y discrepancias acerca de estos asuntos y de que algunos tengan posiciones más explícitas y con mayor vocación para su debate, lo cierto es que acerca de estos y otros temas de la economía es posible acceder a información cuantitativa y cualitativa que permiten ponderar la problemática y tener insumos para la toma de decisiones, aún con las posibles distorsiones de ciertas estadísticas oficiales.

Otro de los temas con justificada presencia protagónica en la agenda electoral es el de la inseguridad en general y en particular el del narcotráfico, una de las más desafiantes y amenazantes cuestiones para la futura gestión.

Acerca del narcotráfico y el consumo de drogas el Papa Francisco en sus recientes discursos en las Naciones Unidas y el Capitolio de Estados Unidos, señaló que viene cobrándose la vida de millones de personas en forma silenciosa y que la lucha contra ese flagelo, a la cual calificó como una guerra, involucra también a la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la explotación infantil y otras formas de corrupción.

El Santo Padre también advirtió que ese fenómeno ha penetrado distintos niveles de vida, social, política, artística y religiosa, generando una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.

Las palabras de nuestro Papa acerca de este combo explosivo debieran interpelarnos y convencernos que esas realidades delictivas y sus derivaciones económicas pueden transformarse en la variable con mayor poder de desestabilización de los órdenes económico-financiero y político-institucional de nuestro Estado.

Aunque esas amenazas a la estabilidad sean más graves que cualquiera de los asuntos económicos antes mencionados, es triste aseverar que acerca de la economía del crimen en nuestro país no sólo no existen datos precisos, sino que ni siquiera hay una metodología establecida para obtenerlos.

Esta información resulta imprescindible dado que las derivaciones económicas de las hoy denominadas empresas criminales son causa y consecuencia de esta problemática. Son causa dado que el objetivo primordial de estas organizaciones criminales es obtener réditos económicos y son consecuencia porque parte de los cuantiosos beneficios que genera esta actividad se destinan a comprar voluntades para poder operar con tranquilidad y montar una logística de distribución, que en general involucra a jóvenes que son captados por estas redes criminales dado que están sumidos en una marginalidad casi esclavista.

Frente a la magnitud que implica ese desafío es un equívoco creer que puede ser abordado por un único organismo o unidad, por mayores facultades que le otorguemos. Antes bien, esta temática debe ser atendida como parte central de una política integral en materia económica y también de seguridad.

Un buen ejemplo a considerar es la solución institucional adoptada por los Estados Unidos post 09/11, donde se creó una Subsecretaría de Estado de rango cuasi ministerial en el ámbito del Departamento del Tesoro, para atender las derivaciones económicas de aquel brutal atentado.

Ello en el entendimiento que esta temática debe ser abordada por una instancia responsable de formular políticas públicas y no sólo desde un organismo de carácter técnico/operativo como puede ser la UIF, por más eficiente que pueda ser.

Resulta esencial también federalizar el tratamiento de esta problemática, involucrando a las instancias gubernamentales provinciales. Asimismo se la debe incorporar como tema central en las relaciones internacionales por ser quizás el principal ítem de la agenda negativa internacional actual.

En base a lo expuesto esperamos que quienes tengan la responsabilidad política de establecer la estrategia para volver a la senda del crecimiento y del equilibrio macroeconómi co entiendan la necesidad de incorporar esta temática en esa agenda de prioridades. De lo contrario el factor con mayor capacidad de desestabilizacion de nuestra economía, seguirá siendo una variable oculta.

Menor presión internacional vs. mayores exigencias locales

COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor señala el endurecimiento de medidas financieras y advierte sobre la importancia de evitar que se distorsionen las políticas y herramientas para combatir el lavado proveniente de los ilícitos más preocupantes. | 28/09/2015

Desde 2011 hasta mediados de 2014 fueron años signados por una masiva regulación en materia de PLA y FT, seguido de un riguroso sistema de supervisión y sanciones por parte de la UIF. En gran medida esta época estuvo muy influenciada por la presión internacional y la inclusión de Argentina en la lista «gris» del GAFI. Debíamos mejorar nuestro sistema de prevención y demostrar su efectividad.

Luego de semejante esfuerzo para revertir la situación frente el GAFI, en  octubre del 2014 se celebraba la tan ansiada salida de la lista «gris» del GAFI. Fue fundamental la confirmación de la exclusión al «Seguimiento Intensivo» y el reconocimiento público del significativo progreso de Argentina en materia de PLA y FT. Llegó una «Menor presión internacional».

Todo hacía suponer que la situación en nuestro país iba a mejorar y tendríamos menor presión a nivel interno. Pero la realidad y coyuntura económica nos sorprendió. Si bien hubo un período de adecuaciones regulatorias por parte de la UIF, otros actores como el BCRA y la CNV, esta última específicamente en materia de inspecciones, impusieron mayores exigencias al sistema financiero que impactaron no sólo en la estructura y organización de las entidades sino en el negocio y por ende en su rentabilidad.

Recorramos algunas de las normativas emitidas por el BCRA en los últimos tiempos:

  • Comunicación «A» 5612 (05/08/14): adopta definiciones determinantes con relación a los procedimientos de debida diligencia a aplicar tanto a los nuevos clientes como al stock. Se destaca la determinación taxativa de la discontinuidad operativa de los clientes no sólo cuando no presente la documentación correspondiente sino cuando haya algún cliente involucrado en un reporte de operación sospechosa.

Luego de tanta controversia y a los efectos de alinearnos a los estándares internacionales (Documento sobre De Risking del GAFI) el BCRA modificó su criterio y dictó la Com. «A» 5736.

  • Comunicación «A» 5736 (01/04/15 a dos meses de la entrada en vigencia de la Comunicación «A» 5612): cambio de criterio en el tratamiento de la discontinuidad operativa de los clientes en stock, eliminando la obligatoriedad de finalizar con la relación operativa/comercial de un cliente ante la identificación de un reporte de operación sospechosa en el cual dicho cliente pudiese estar involucrado.
  • Comunicaciones «A» 5689 y«A» 5690 (8/01/15): nuevo  criterio de registración y exposición contable de las sanciones en materia de PLA/FT. Las entidades que sean o hayan sido notificadas sobre sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las penales con sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por el BCRA, la UIF, la CNV y la SSN, debieron provisionarlas contablemente al 100%. Dicha previsión se debió realizar independientemente de la significatividad de las sanciones y aún cuando mediaren medidas judiciales o administrativas que suspendan el pago. Esta norma afectó los resultados de las entidades e hizo modificar el proyecto de distribución de utilidades.

Asimismo, la AFIP dispuso que las entidades no podrán deducir en el cómputo del impuesto a las ganancias, los gastos relativos a las multas y sanciones antes referidas ni las sumas destinadas a que sus directivos para que afronten las multas que a ellos les pudieran corresponder por actuar en tal carácter.

  • Comunicación «A» 5785 (31/07/2015): se endurecen las normas sobre la valoración de antecedentes (accionistas, directores, síndicos y gerencia general), la autorización para la distribución de utilidades y la autorización para la apertura de nuevas sucursales en el país y en el exterior. Este endurecimiento y mayor evaluación por parte del BCRA dependerá a partir de ahora de las sanciones que registren las entidades en materia de lavado de activos durante los últimos 5 años. El BCRA no sólo ponderará la existencia de sanciones por incumplimiento a las normas sobre PLA y FT por parte de los organismos de contralor tales como UIF, CNV y SSN, sino que además amplía el alcance incorporando las sanciones de los entes de supervisión extranjeros. Incorpora asimismo una nueva atribución al BCRA, dado que éste puede aplicar sanciones adicionales dispuestas en el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras (sumarios entre otros) en caso de constatarse que los incumplimientos a la normas sobre PLA y FT también constituyen incumplimientos a la Ley 21526 y Ley 18.924 y modificatorias, no sólo a los miembros del directorio sino también a accionistas, síndicos y gerentes.

Todo este endurecimiento de las medidas mencionadas más la convocatoria del BCRA a los oficiales de cumplimiento a una reunión en el histórico salón Bosch del BCRA el pasado viernes 25, hace pensar que existe mucha preocupación sobre la coyuntura económica actual y estas medidas estarían destinadas a paliar dicha situación en lugar de prevenir el lavado de activos proveniente de ilícitos como el narcotráfico, la corrupción y otros delitos graves.

Estas medidas adoptadas por el BCRA, relacionadas con el lavado de activos, están tomando mayor relevancia que la propia Res UIF 121/2011, siendo esta la norma madre sobre la cual se monta el sistema de prevención para el sistema financiero argentino.

Como conclusión, debemos reflexionar si la utilización de las políticas y herramientas para combatir el lavado de activos también deben ser utilizadas para paliar la tensión económica actual o deben ser establecidas para mitigar el flagelo del narcotráfico en Argentina, entre otros. No olvidemos que en los últimos años se descubrieron 159 laboratorios de cocaína, pasta base y drogas sintéticas. Como dijo el Papa Francisco en estos días «el narcotráfico es una guerra asumida y pobremente combatida».

No debemos perder el sentido del objetivo en materia de prevención de lavado de activos, que no se distorsionen las políticas y herramientas para combatir el lavado proveniente de los ilícitos preocupantes.

Fernando D. Di Pasquale

http://www.fidesnet.com.ar

Mayores restricciones del BCRA para los bancos sancionados por lavado de dinero

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza el endurecimiento de las normas sobre la valoración de antecedentes, establecido a través de la Comunicación «A» 5785 del BCRA. Destaca que estas nuevas medidas generan mayor presión en el sector financiero y, en ese marco, resalta la importancia cada vez mayor que tienen las regulaciones en materia de PLA y FT en este mercado. | 18/08/2015

El pasado 31 de julio, a través de la Comunicación «A» 5785, el Banco Central (BCRA) decidió endurecer aún más las normas sobre la valoración de antecedentes (accionistas, directores, síndicos y gerencia general), la autorización para la distribución de utilidades y la autorización para la apertura de nuevas sucursales en el país y en el exterior. Este endurecimiento viene de la mano a partir de las sanciones que registren las entidades en materia de lavado de activos.

Es decir que, el BCRA dentro del marco de su competencia, en los casos que las entidades financieras y cambiarias estuviesen sancionadas por la Unidad de Información Financiera (UIF), Comisión Nacional de Valores (CNV) y Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) por incumplimientos a las normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA y FT), evaluará la autorización o no de las situaciones expuestas.

A partir de esta nueva pauta, el BCRA ponderará no sólo la existencia de sanciones por incumplimiento a las normas sobre PLA y FT por parte de los organismos de supervisión locales (UIF; CNV; SSN), sino que además amplía el alcance incorporando las sanciones de los entes de supervisión extranjeros.

Se establece que no sólo el importe de la sanción es un factor esencial al momento de la evaluación, sino que también se contemplará el tipo y motivo del incumplimiento; la posible alteración del orden económico; las situaciones de reincidencia y de reiteración de sanciones; perjuicios ocasionados a terceros; beneficio para el sancionado, su volumen operativo, responsabilidad patrimonial y de los funcionarios involucrados en general.

En materia de definiciones es importante mencionar un cambio sustancial en el concepto de «reincidencia», ya que el plazo ante la existencia de una nueva sanción asciende a 5 años, mientras que hasta el mes pasado era sólo de 1 año.

Se incorpora asimismo una nueva atribución al BCRA, dado que éste puede aplicar sanciones adicionales dispuestas en el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras (sumarios entre otros) en caso de constatarse que los incumplimientos a la normas sobre PLA y FT también constituyen incumplimientos a la Ley 21526, Ley18.924 y modificatorias, no sólo a los miembros del directorio sino también a accionistas, síndicos y gerentes.

Estas nuevas medidas generan mayor presión en el sector financiero, dado que a partir de este mes es imprescindible no registrar antecedentes negativos en materia de sanciones de PLA y FT durante los últimos 5 años para poder distribuir utilidades, abrir nuevas sucursales o ser designado como director o funcionario de una entidad.

Se torna cada vez más significativo el cumplimiento de las normas de PLA y FT, sin lugar a dudas desde hace un tiempo pasaron a ser las normas de mayor relevancia en el sector financiero.

Dr. Fernando Di Pasquale

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El Auge de los Narconegocios

El Cronista

Recientemente la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe acerca del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina titulado “Aumento del tráfico de drogas en los barrios, problemas de adicciones severas en las familias y poblaciones de riesgo”.

Si bien es novedoso respecto a su rigor metodológico, lamentablemente no lo es respecto de sus resultados, los cuales confirman una percepción generalizada de nuestra sociedad. Dicha percepción puede verificarse en un sin número de advertencias que, como complemento al mencionado trabajo, nos viene realizando la institución eclesial. Por caso valdría recordad el documento titulado “La Droga, sinónimo de Muerte” publicado por nuestros obispos hace ya seis años y en la misma línea los escritos sobre “El drama de la droga y el narcotráfico” publicado por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2013.

– El compromiso suscripto en diciembre de dicho año por todo el arco político con representación parlamentaria acerca de la urgente necesidad en aumentar políticas públicas en esta materia. Dicho acuerdo, el cual se logró a instancias de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, aún no ha logrado mostrar ninguna medida concreta que dé cuenta del éxito de dicha acción colectiva.

– Los recientes dichos de nuestro Papa Francisco donde afirma que “hace 25 años Argentina era un lugar de paso de la droga, hoy en día se consume. No tengo la certeza, pero creo que también se fabrica”.

Todo ello complementado con señales desde otros ámbitos, tal fue el caso de la alarmante frase “El narcotráfico está afectando al Estado de Derecho” expresada ni más ni menos que por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de la apertura del año judicial del 2014. O la estimación cuantitativa de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) la cual sostiene que el Paco mueve por día en nuestro territorio más de nueve millones de pesos.

Ahora bien, el documento bajo análisis, el cual viene a reemplazar a las inexistentes y necesarias estadísticas oficiales en esta materia, es un nuevo llamador de esta grave situación. De una muestra de aproximadamente 5700 casos analizados en una evolución entre 2010 y 2014, se pudo registrar que la venta de drogas en los barrios se incrementó en un promedio de 50% siendo que ese guarismo es mayor en las zonas más marginales y con falta de presencia policial, lastimando y degradando principalmente a los sectores sociales más vulnerables.

Asimismo el estudio demuestra un gran avance en la degradación de los entornos familiares de los adictos, como así de los ámbitos residenciales donde la población consumidora es más permeable. Ello complementado con el reclutamiento de los jóvenes en situación de fragilidad por parte de las organizaciones criminales contribuyendo a la construcción de territorios estigmatizados que afectan negativamente a sus habitantes, creando un entorno inestable y violento.

A esto se le suma la grave problemática del aumento del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes, destacado también en el mencionado estudio, el cual se vislumbra como uno de los traumas más alarmantes y tristes de esta última década.

Esta gravísima situación y su escalada se soluciona de una única manera: con decisión política. El gran desafío es la construcción de una política de estado que aborde la problemática desde sus diferentes perspectivas, incluyendo la prevención, la asistencia, el control del tráfico y la producción y el control de sus movimientos económicos.

Asimismo es imprescindible que la sociedad civil de un aporte a esta lucha bajo diferentes formas de organización que permita atender primordialmente las demandas de los más necesitados. Desde el mundo de los negocios, es imprescindible que se ataque y controle el brazo económico de estas organizaciones ya que en realidad la obtención de una renta es el principal objetivo de estas conductas.

Aguardamos esperanzados que quien tenga la responsabilidad gubernamental venidera tome conciencia que éste será el principal desafío de su gestión. No existe problemática que se le equipare y que tenga la capacidad de poner en jaque al orden económico, político, institucional y social. Es decir, la gobernabilidad.

Reconozcamos los “Alertas” porque el Titanic se aproxima al Iceberg.

«De Risking»: El GAFI insta mantener el equilibrio

COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor aborda una problemática recurrente en materia de lavado: cómo implementar una matriz de riesgo eficiente para la aplicación del enfoque basado en riesgo. Señala que el gran desafío es saber cómo gestionar los resultados que arrojan. Ciertas entidades/países aplican políticas defensivas y extremas, con un tratamiento excluyente a los sectores/clientes «más riesgosos» en materia de lavado de activos, que se denomina «de risking». Avances y desafíos. | 23/06/2015

La aplicación del enfoque basado en riesgo como método para la administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos no es una novedad, las buenas prácticas y los estándares internacionales lo enuncian hace tiempo.

Cómo implementar una matriz de riesgo eficiente es el tema recurrente en la agenda de los seminarios de capacitación. El desafío es saber cómo gestionar los resultados que arrojan.

Los organismos de contralor se han alineado a este estándar internacional a partir de las nuevas 40 recomendaciones, emitiendo regulaciones y acompañándolas del correspondiente esquema de sanciones por incumplimiento.

Los sujetos obligados están alcanzados por estas normativas y su deber es aplicar y gestionar los riesgos del lavado de activos en forma eficiente, cumpliendo con las regulaciones vigentes, sin perder de vista «el negocio», fundamental para su subsistencia y maximizar sus resultados.

Sin embargo, la gran presión normativa desde hace más de 10 años, los costos de implementación de políticas de compliance y las altas sanciones impuestas por los organismos de contralor, han generado la reacción de ciertas entidades/países aplicando políticas defensivas y extremas, dándole un tratamiento excluyente a los sectores/clientes «más riesgosos» en materia de lavado de activos.

El término utilizado para esta nueva situación es denominado «de risking».

El temor a las penalidades económicas, a la difusión pública y su consecuente impacto reputacional parece pesar bastante al momento de decidir mantener en cartera a los clientes perfilados como de alto riesgo.

Es frecuente la publicación de artículos referidos a las multas millonarias impuestas a bancos reconocidos a nivel mundial, al cierre de cuentas de corresponsalía, al cierre de cuentas a personas extranjeras o expuestas políticamente. Uno de los efectos no deseados de esta práctica es la de exclusión del sistema formal tanto para personas físicas, jurídicas, sectores con determinadas actividades y hasta para determinados países.

Pareciera que todo exceso tiene una contrapartida negativa, en este caso se llama «de risking», y que justamente no es minimizar riesgos sino es resignar negocios para evitar riesgos.

El GAFI no es ajeno al impacto de esta problemática, tal es así que en la reunión Plenaria de Paris en octubre de 2014 se planteó el efecto «de risking», aclarando la necesidad de realizar una gestión adecuada del riesgo a los efectos de evitar aplicar medidas extremas por parte de los sujetos obligados y reguladores.

La inquietud que se planteó fue si al riesgo hay que evaluarlo y saber administrarlo («obviamente lo políticamente correcto») o directamente eliminarlo y a que costo.

Asimismo, ha destacado que la aplicación adecuada del enfoque basado en riesgos es «caso a caso» y no en forma general, presentando como caso extremo la decisión de eliminar a la totalidad de los clientes de riesgo alto, discontinuando la relación comercial con determinados sectores, por ejemplo los clientes de banca corresponsal latinoamericana que operan con bancos norteamericanos.

El hecho de tener el mote de pertenecer a un sector de la economía (cooperativa, mutual, casino, casa de cambio, etc.) no es razón suficiente para ser excluido del sistema formal.

Por otra parte, en marzo del 2015 el GAFI participó del Foro Consultivo del Sector Privado en Bruselas, en donde reitera su posición sobre «de-risking» y la necesidad de que las instituciones financieras y otros sujetos lleven a cabo la correcta aplicación del enfoque basado en el riesgo. Instó a los participantes del Foro a compartir estadísticas o experiencias con el fin de poder identificar la magnitud de este problema.

El GAFI entiende que liberarse del riesgo o riesgo cero, puede introducir mayor riesgo ya que expulsa del sistema formal a los clientes y se contrapone con el seguimiento de los fondos a través de entidades reguladas, situación que es inviable en entidades no reguladas o informales. La inclusión financiera es fundamental.

Luego de tanta presión, este nuevo efecto concientizador del GAFI destacando la necesidad de una gestión eficiente de los riesgos ¿logrará revertir las consecuencias actuales?

El desafío está planteado, auguramos un equilibrio justo para el bienestar del sistema integral de prevención y consideramos que es imprescindible que las legislaciones establezcan pautas claras de eximición de responsabilidad para quienes actúen en forma diligente.

Fernando D. Di Pasquale

FIDESnet

Los delitos financieros en la era de la virtualidad

COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace una análisis acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros y, en particular, los oficiales de cumplimiento. El futuro de nuestra actividad económica se está convirtiendo cada vez más digital, y ello requiere con urgencia nuevos análisis, evaluaciones e investigaciones sobre lo que el ciberdelito puede traer aparejado en materia de lavado de dinero. | 19/05/2015

A principios del mes de mayo tuve el agrado de participar del «1er. Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo CIPORPI/FT», realizado en la ciudad de México, en el cual me tocó disertar acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros.
La exposición obviamente comenzó con una afirmación: «El futuro de nuestra actividad económica se está convirtiendo cada vez más digital, sin embargo todavía hoy sigue un tanto subestimada. Estamos todavía en una etapa relativamente temprana de una sociedad digital que requiere con urgencia nuevos análisis, evaluaciones e investigaciones para soslayar los problemas que pueden traer aparejados en materia de lavado de dinero y sobre todo para abordar lo que se da en llamar el ciberdelito».

El factor de las nuevas generaciones

Si a este comienzo de la era digital le sumamos el avance de la demanda de lo tecnológico a partir de las nuevas generaciones «Y» y «Z», va a ser muy difícil evaluar hasta donde llegará la era de la virtualidad y sus consecuencias (buenas y algunas no tanto) en materia de delitos financieros. Estas nuevas generaciones, especialmente la «generación Y» ya son los clientes de nuestros sujetos obligados, especialmente las entidades financieras.

Para dimensionar esto podemos decir que en Latinoamérica, hoy los adultos de entre 18 y 30 años – «generación Y» – que demanda tanta tecnología, representa el 27% de la población. just ask El 90% siempre está online y cada vez más bancarizados a partir de nuevos canales de vinculación con el banco, por ejemplo redes sociales. Esto explica lo que hoy se da en llamar la «Omnicanalidad», interacciones con los clientes a través de canales digitales, un servicio multicanal.
Según estadísticas de la ONU, en 10 años las generaciones «Z e Y» representarán el 74% de la población mundial. En los próximos 4 años los usuarios de smartphones llegarán al orden de los 5.2 billones.
Con esto demostramos que este cambio generacional evidencia la utilización de lo digital como únicos medios de pago por ejemplo. Crecerá indudablemente la utilización del dinero electrónico – monedas virtuales.

Innovaciones que desafían la virtualidad
Dependiendo con quien se hable, algunos pueden decir que la era digital genera nuevas oportunidades y otros consideran la aparición de nuevos riesgos. Puede ser una oportunidad por ejemplo para la inclusión financiera pero también de riesgos para lo cual debemos modificar procesos, estructuras y normas.

Ciberdelito
La terrible paradoja es vivir en el siglo 21 cada vez más dependientes de la virtualidad pero recibiendo cada vez más ciberataques. Un tema que preocupa es la electricidad, por ahora nadie logró crear el semejante trastorno de provocar un apagón, pero el sector energético de EE.UU por ejemplo recibe permanentemente ataques los cuales son patrocinadas por estados «enemigos».
Una investigación del diario US today de principios de 2015 revela que entre 2011 y 2014 fueron 362 los informes de ataques físicos y cibernéticos contra compañías de electricidad. Sólo en el 2013 el Departamento de Seguridad de EE.UU recibió 161 denuncias de ataques cibernéticos al sector energético, cinco veces superior al 2011.
El gran desafío es que pasa si estos ataques afectan a las redes bancarias, como ocurrió con el JP Morgan y el Citigroup. La discusión hoy es quién se encarga y cómo de esta nueva tendencia ¿es el Estado con la ayuda del sector privado?
En abril de 2015, Barack Obama aprobó una orden ejecutiva, que no requiere del voto del Congreso, que permite por primera vez imponer penalizaciones a los individuos o grupos ubicados fuera de EE. UU que perpetren ataques o espionajes cibernéticos que supongan una «amenaza significativa» a la seguridad nacional, la política exterior, la economía o la estabilidad financiera. Para ello, el Departamento del Tesoro podrá congelar los activos de esas personas o entidades en EE.UU e impedir determinadas transacciones financieras con compañías estadounidenses.

Monedas Virtuales
Las famosas BITCOIN fueron lanzadas en 2009, y permiten a la gente hacer transacciones en internet. Al contrario de la mayoría de las monedas, las monedas virtuales no están respaldadas por ningún gobierno ni depende de la confianza de ningún emisor central.
También dependiendo de con quien se hable, las monedas virtuales como Bitcoin, pueden significar una forma de pago para las organizaciones criminales o la moneda de futuro.
Para los bancos, las relaciones con estos negocios presentan cuatro tipos de riesgos importantes: volatilidad, seguridad, anonimato y en particular, inconvenientes relacionados a la procedencia de los fondos y la posibilidad de ser utilizados para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
A partir del caso Liberty Reserve, una transmisora de fondos de Costa Rica que utilizaba monedas virtuales y logró llevar a cabo el mayor caso de lavado de dinero de la historia en donde se habrían lavado cerca de USD 6.000 millones, el FinCEN consideró a estas monedas de alto riesgo y comenzó a exigir a los administradores de monedas virtuales para que se ajusten a las regulaciones que rigen para las empresas de servicios monetarios – «Money Services Businesses» – (MSBs).
Estas regulaciones incluyen requerimientos para implementar un programa de identificación del cliente, conservar determinados registros, reportar todas las transacciones mayores a 10 mil dólares, y presentar informes basados en actividades sospechosas.
Distinta es la postura que tomó el gobierno de China, quien directamente no legalizó la utilización de las bitcoins.

Conclusión
Por un lado entre los beneficios, la mayor bancarización de las nuevas generaciones a través de la «omnicanalidad» va a desalentar la informalidad y el mayor uso del efectivo. Existirán mayores canales de acercamiento con los futuros clientes y seguramente con una reducción de los costos transaccionales y menores costos de estructura por parte de los bancos al momento de la oferta de servicios financieros, seguramente en el futuro habrá mucho menos sucursales. Todo esto redundará en una mayor inclusión financiera.
Por otro lado, la virtualidad parece ser una buena plataforma de soporte para el mundo del delito financiero, con carencia de regulaciones y poco expertise aún para regular y supervisar. Asimismo, se presenta la dificultad de poder establecer con claridad la jurisdiccionalidad del delito (virtualidad vs. territorialidad).
Ante todo esto, señores oficiales de cumplimiento, desde ahora no sólo vuestra tarea es la de velar por el cumplimiento de las normas de AML y CFT y evaluar los riesgos de esta problemática, es muy probable que también empiecen a controlar el ciberdelito, las transacciones con monedas virtuales y siempre sin descuidar el negocio y protegiendo la inclusión financiera.

Fernando D. Di Pasquale
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