Democracia versus Narcocracia

COLUMNA DE OPINION

Por Zenón A. Biagosch | El autor asegura que el narcotráfico y su poder desestabilizador es el principal desafío del actual gobierno. Sugiere adoptar una mirada integral de esa compleja problemática que incorpore al menos tres grandes componentes: control de la demanda, control de la oferta y control de la economía del delito. Para ello, se debe atender a todas las fases de esta cadena de negocios, incluyendo instancias tales como la prevención; asistencia; control de la producción; control y represión del tráfico, oferta y distribución de estupefacientes; y prevención y control del lavado de dinero. | 2/02/2016

Ya hace tiempo venimos insistiendo que el narcotráfico y su poder desestabilizador, basado en su capacidad económica y su despliegue cuasi imperialista y colonizador, sería el principal desafío del gobierno entrante. Continue reading

La UIF, un eslabón central en la lucha contra el narcotráfico

CRONISTA

EDICIÓN IMPRESA COLUMNISTAS 11.01.16 | 00:00

Mauricio Macri acaba de anunciar que la lucha contra el narcotráfico será uno de los tres objetivos estratégicos de su gestión. Esto requerirá de una política integral en la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá ser un eslabón central.
Las fuertes presiones internacionales recibidas desde el 2010, principalmente por parte del GAFI, motivó la adopción de medidas las cuales reforzaron las facultades otorgadas a la UIF, excediendo en ciertos casos a las que en general poseen otros organismos foráneos de similar naturaleza.
Entre las más importantes se destacan las de análisis, regulación, supervisión, aplicación del régimen administrativo sancionador, auxiliar y querellante de la justicia, representación frente a los foros internacionales, etc. Continue reading

Debemos atacar la médula del narcotráfico, su dinero

INFOBAE

OPINION

Por: Zenon Biagosch

La reciente triple fuga de General Alvear y la tardanza en la captura de los presos, pusieron una vez más en evidencia la clara connivencia existente entre ciertas organizaciones con gran capacidad económica, como el narcotráfico, con determinados sectores de las fuerzas de seguridad y del poder judicial.

Más allá de que dicha connivencia es estructural y por todos conocida, el caso en cuestión tiene la particularidad de la oportunidad de su ocurrencia y de los sujetos involucrados. Claramente fue un hecho con connotaciones políticas cuyos destinatarios son las máximas autoridades a nivel provincial y también nacional. El primer mensaje.

La respuesta a este sistema de dominio mafioso debe ser categórica y abarcar varios frentes a fin de mostrar que existe una clara decisión política ante la insurrección. Llegó la hora de poner en práctica el anuncio presidencial acerca que la lucha contra el narcotráfico será uno de los tres objetivos estratégicos de su gestión.

Hacia una política integral

Esto requerirá de una política integral que intente controlar los flujos derivados de dicho negocio que permita ir infiltrando y desmantelando la estructura económico-financiera capaz de fondear este tipo de acontecimientos.

La misma deberá contar con la participación de muchas instituciones no sólo nacionales sino que provinciales y hasta municipales. Cargar toda la responsabilidad en el organismo con la función primaria en esta materia, tal es la Unidad de Información Financiera (UIF), sería un error, más allá que el mismo debe ser un eslabón central en esa política.

Las fuertes presiones internacionales recibidas desde el 2010, principalmente por parte del GAFI, motivaron la adopción de medidas que reforzaron las facultades otorgadas a la UIF. Entre las más importantes se destacan las de análisis, regulación, supervisión, aplicación del régimen administrativo sancionador, auxiliar y querellante de la justicia, representación frente a los foros internacionales, etc., excediendo en ciertos casos a las que poseen otros organismos foráneos de similar naturaleza.

Es innegable que las mismas fueron ejercidas activamente en los últimos años, poniendo así en funcionamiento un sistema integral de prevención el cual requirió de un gran esfuerzo del sector privado. Ahora bien, con independencia de las críticas que pudieran hacerse a la puesta en marcha de ese sistema, creemos que es momento de trabajar en la efectividad del mismo respetando los aspectos positivos de lo andado.

Para lograr esa efectividad resulta oportuno establecer un plan de acción integral que incluya medidas que seguramente excedan el accionar de la propia UIF. A título de aporte nos permitimos enumerar algunas propuestas:

– Establecer mecanismos de contralor ad-hoc de la propia UIF a fin de fiscalizar su gestión dada sus importantes facultades y la cantidad de sectores que regula. Por caso la formación de una Comisión Bicameral, otorgar mayor injerencia a la AGN, SIGEN y Oficina Anticorrupción, exigencia de reportes e informes con mayor alcance y periodicidad, implementación de un régimen de transparencia haciendo público ciertos criterios y procedimientos utilizados en el ejercicio de sus funciones, etc.

– Establecer mayores exigencias y requisitos para quien la conduzca aplicando estrictas pautas de idoneidad y experiencia. Sería quizás aconsejable que la persona seleccionada no posea una filiación partidaria activa con ningún espacio político en particular y que logre el consenso de las principales fuerzas con representación parlamentaria, hasta incluso con un posible acuerdo del Senado.

– Fortalecer la coordinación con los diferentes organismos de regulación y supervisión primaria hoy existentes (vg. BCRA, CNV, SSN, INAES, AFIP, IGJ) maximizando los recursos y aprovechando la expertise de los mismos. Esto permitirá un mejor ejercicio de cada una de las facultades otorgadas.

– Asimismo con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial a fin de promover investigaciones en un ámbito jurisdiccional. Esto complementado con la creación de fueros especializados en esta materia tanto en ámbitos federales como ordinarios.

– Estructurar un Sistema Federal de Prevención constituyendo por ejemplo Oficinas de Control Patrimonial Provinciales las cuales podrían tener, entre otras, las siguientes responsabilidades: control del estado y evolución de la situación patrimonial de los funcionarios provinciales y municipales incluyendo a las fuerzas de seguridad y al poder judicial, análisis de los proyectos de inversión de determinada envergadura y monitoreo de los movimientos financieros de ciertos sectores económicos que puedan considerarse de mayor riesgo dentro de las provincias (vg. juegos de azar, actividades portuarias, clubes de fútbol, organización de espectáculos, etc.), incorporación de controles específicos en las condiciones de contratación de bienes y servicios, acuerdos con diferentes organismos a fin de contar con información proveniente de distintos registros societarios, inmobiliarios, automotores, de embarcaciones, armas, etc.

– Diseño e implementación de un Plan Provincial de Concientización sobre Narcotráfico y Delitos Económicos con un fuerte soporte del sistema educativo de nivel secundario y universitario.

– Reconvocar a la Comisión Mixta interministerial para el control del lavado de dinero del narcotráfico creada por Ley 24.450, la cual llamativamente no se reúne desde el 2009 siendo que no fue derogada.

– Analizar la posible implementación de ciertos institutos jurídicos novedosos para el control de este tipo de conductas como es por caso la figura de extinción de dominio y también la de ciertas técnicas especiales de investigación comúnmente utilizadas en países como EE.UU..

– En el plano internacional establecer a esta problemática como un eje central de la agenda negativa tanto en las relaciones bilaterales cuanto multilaterales logrando un reposicionamiento ante los foros internacionales más representativos en la materia, tal fue el caso entre los años 1997/1999 oportunidad en que Argentina pasó a ser integrante del Grupo Egmont, miembro observador del GAFI y suscribió memorandos de intercambio de información con las unidades de inteligencia financiera de EE.UU., Francia, España, Italia, entre otras.

En síntesis, el objetivo es ir generando un mejor ambiente de control en nuestro país que sea disuasivo aumentando el costo y el riesgo para las organizaciones delictivas que pretendan operar en nuestra jurisdicción y que aquellos funcionarios insurrectos entiendan los riesgos asociados de su accionar.

No debemos resignarnos y pensar que este fenómeno llegó para quedarse. Con decisión política es posible doblegarlo. Por caso hoy ya la UIF interviene y es querellante en causas judiciales cuyos imputados son organizaciones de alto riesgo. Es muy importante que su conducción tenga el temple y el respaldo político necesario acorde con el logro del objetivo estratégico planteado por el nuevo presidente.

 

Transparencia Fiscal: La nueva realidad

 

COLUMNA DE OPINION

Por Fernando Di Pasquale | El autor celebra la implementación de la RG AFIP 3826/2015, analiza sus efectos y señala que, quizás, las nuevas autoridades en Argentina avancen también con el intercambio de información con EE.UU. Señala, en este sentido, la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la Ley FACTA. | 05/01/2016

Desde que se sancionó la Ley FATCA venimos insistiendo que en materia de política fiscal la tendencia de los últimos 5 años muestra una marcada propensión al equilibrio y en particular a la transparencia fiscal buscando establecer un mecanismo de cooperación entre los distintos países.

El mundo definió que un adecuado funcionamiento de los sistemas fiscales es fundamental para garantizar el desarrollo de economías internacionales y más aún a partir de la delicada situación presupuestaria que se suscitó luego de la crisis internacional del año 2008.

El gran hito que marcó la nueva tendencia data de mayo de 2014 cuando se firmó la «Declaración Sobre el Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal», aprobada por  los 34 países miembros de la OCDE en la reunión anual del Consejo Ministerial que se efectuó en París.

A los pocos meses – octubre de 2014 – Argentina suscribió el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, por el que el país se obliga al intercambio automático de información relativa a cuentas financieras de acuerdo con las reglas previstas en el Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE.

Con el nuevo estandar, los países se comprometen a poner en práctica una nueva norma mundial única respecto del intercambio automático de información en materia fiscal. Obliga a los países a obtener toda la información financiera de sus instituciones en materia fiscal y a intercambiar esta información de forma automática con otras jurisdicciones sobre una base anual.

Esto explica la implementación del nuevo régimen de la AFIP – RG AFIP 3826/2015 del pasado 30 de diciembre – que obliga a las entidades financieras y otras instituciones (custodia, inversión y ciertas aseguradoras según las definciones del CRS – «casi a lo FATCA») a informar las cuentas de sujetos y entidades no residentes en la Argentina, con el fin de realizar un futuro intercambio de información con las autoridades fiscales de otros países con los cuales se firmaron convenios y acuerdos que promueven el desarrollo de las tareas de investigación y control en materia de fiscalidad internacional.

Este nuevo régimen de intercambio de información de cuentas financieras prevé presentaciones anuales de las instituciones financieras obligadas y regirá a partir de enero de 2016 respecto de cuentas existentes o abiertas en ese año y subsiguientes, siendo obligatorio informar aquellas cuyos saldos sean mayores a 100.000 dólares.

Es así que a partir del año 2017, la AFIP intercambiará esos datos con 55 estados (incluidos en el Early Adopter Group), mientras que desde el año 2018, hará lo mismo con otros 40 estados adicionales. Lo llamativo es que EE.UU no está en ninguno de los 95 estados incluidos en los grupos antes mencionados. Dicho país sigue firme con su propio «intercambio de información» que está legislado a través de la Ley FATCA.

Quizás las nuevas autoridades en Argentina avancen también con el intercambio de información con EE.UU si es que los nuevos funcionarios de la AFIP promueven la  adhesión a la Ley FATCA  y la firma de un convenio que establezca el alcance de dicho intercambio (Argentina hasta ahora nunca adhirió a FATCA como país).

La nueva resolución de la AFIP fija los requisitos, formas, plazos, sanciones y demás condiciones del nuevo régimen de intercambio establecido por la OCDE.

Para ello viene coordinando, desde mediados del año 2014, con el BCRA, CNV y SSN  las normas para los distintos sujetos obligados en las cuales se indica quienes se encuentran alcanzados, los datos a suministrar o solicitar a los clientes como también los procedimientos de debida diligencia a implementar.

Ahora bien, con las nuevas reglas establecidas por la AFIP, se plantean los desafíos para la puesta en marcha de los mecanismos de identificación y elaboración de reportes sobre no residentes por parte de las instituciones alcanzadas. Adicionalmente, se deberá definir quines dentro de las organizaciones serán los responsables de llevar a cabo estas nuevas obligaciones. Seguramente estas funciones recaerán en áreas de cumplimiento normativo y en particular asociadas a aquellas que realizan los controles en materia de prevención de lavado de activos.

Celebramos que el año 2016 arranca con un fuerte impulso en materia de transparencia fiscal. Esperando que sigamos en esta senda y que como argentinos aportemos a este objetivo global.

Estimados lectores les deseo un muy feliz año y que nos encuentre unidos.

Fernando Di Pasquale

www.fidesnet.com.ar

El desafío es la brecha social, no sólo la cambiaria

PERFIL

ECONOMISTA DE LA SEMANA

Por Zenón Biagosch

|25/12/2015 |

Las medidas adoptadas por Mauricio Macri desde su asunción ya permiten evaluar su estilo de gestión y líneas de pensamiento. Diálogo, búsqueda de consensos y un gran pragmatismo son quizás las características más destacadas.
Según lo anunciado en el minuto uno de su gestión los ejes estratégicos serán: unidad de los argentinos, pobreza cero y control del narcotráfico. Una excelente y ambiciosa visión de país.
Hasta ahora podemos afirmar que la actitud no fue pasiva al extremo que hubo un fallido intento de designar dos jueces de la Corte Suprema por decreto, aunque es dable pensar que el verdadero objetivo de tal decisión fue una forma de probar hasta dónde tensar a la clase política para poder poner en marcha una serie de medidas que permitan ordenar el punto de partida de su mandato.

Devaluación versus precios. En materia económica se destaca el levantamiento del cepo cambiario, principal escollo para implementar un programa económico integral que permita desactivar finalmente lo que era una verdadera bomba.
El dilema que se plantea frente a esa decisión es cómo impactará en el poder adquisitivo de la gente por el traslado a precios. De hecho hay quienes piensan que el mero anuncio acerca de la celeridad en su levantamiento contribuyó a generar expectativas devaluatorias e inflacionarias con las consecuentes tensiones de precios del mes de diciembre, como también los que creen que la devaluación ya estaba hace tiempo sincerada en los costos de los bienes y servicios.
Como fuere nuestra historia muestra que en general esa premisa se hace realidad al menos que se adopten medidas complementarias para pasar dicho trance sin llegar a niveles de conflictividad no deseables y que atiendan a los más desprotegidos. Por caso la desgravación del IVA para los artículos de la Canasta Básica Alimentaria podría ser una medida para paliar los efectos de dicha coyuntura.
El inevitable traslado a precios de una devaluación tiene diferentes fundamentos técnicos que son importantes monitorear si se pretende minimizar dicho impacto. El aumento de costos internos, la mejora de competitividad externa y el “por las dudas” son algunos de los más importantes.
El aumento de costos se produce ya que casi todos los oferentes de bienes y servicios en nuestro país en mayor o menor medida requieren insumos o servicios importados para poder desarrollarse. Dichos insumos deberán ser pagados ahora a un dólar de mayor valor.
La mejora de competitividad de los sectores exportadores se da naturalmente y es por demás positivo ya que son los únicos generadores genuinos de una mercancía tan preciada como son los dólares. Ahora bien, ¿por qué pensar que le darán prioridad a vender sus productos en el mercado local resignando potenciales beneficios de vender en el extranjero con un nuevo tipo de cambio y en muchos casos también sin retenciones?
Y el famoso “por las dudas” es una simple cuestión de expectativas. En Argentina quizás éste sea el factor de mayor peso por nuestra historia. En síntesis, nadie está dispuesto a vender un bien a un precio menor al que cree que puede ser su costo de reposición.
Esperemos que las medidas a adoptar a partir de liberarnos de este importante escollo, el cual elimina en principio la brecha con el dólar paralelo, puedan paliar sus potenciales efectos negativos y encaminarnos en la senda del crecimiento. La convocatoria a un Consejo Económico y Social a fin de llegar a un acuerdo de convivencia entre todos los actores económicos es una buena señal para tal fin.

La brecha social, el verdadero desafío. Más allá de la importancia de la unificación del mercado cambiario, subsiste en algunos la noción de que estamos profundamente divididos por dos visiones antagónicas de país que están enfrentadas, lo que constituye una supuesta brecha social.
Lo que parece evidente es que la voluntad de un cambio en el modo de percibir y hacer política que manifestó la ajustada mayoría que eligió al nuevo gobierno es compartida por una vasta proporción de quienes en el ballottage votaron por la otra opción. Los resultados de las elecciones primarias son una muestra de ello.
Quienes componemos esa amplísima mayoría de los argentinos no queremos ni merecemos ser encerrados en la falsa alternativa que representan el extremo populismo y/o el extremo liberalismo y en todo caso las discrepancias que puede haber entre nosotros son los matices que nos diferencian a la hora de encontrar las mejores soluciones a los problemas compartidos.
La pobreza y el narcotráfico son dos de los principales problemas compartidos y fue un certero diagnóstico del presidente Macri haber fijado la lucha contra ambos como dos de los ejes estratégicos de su gobierno.
Si logra construir amplios acuerdos en políticas de Estado de largo plazo para abordar esos problemas, el gobierno que preside habrá sabido expresar la voluntad de quienes lo votaron y quienes no lo votaron, y avanzar en el tercer eje estratégico mencionado en su asunción: la unión de todos los argentinos.

*Presidente de FIDESnet.

 

Comunicación «A» 5838: ¿colisiona con las normas de la UIF?

COLUMNA DE OPINION

Por Fernando D. Di Pasquale | El autor analiza las implicancias de la Comunicación «A» 5838 y recomienda a la próxima gestión del BCRA un replanteo de la misma. Sostiene que establece umbrales máximos muy altos para determinadas infracciones y que le atribuye al organismo facultades que podrían superponerse con las de la UIF. | 01/12/2015

A partir del sábado 21 de noviembre de 2015, el Banco Central (BCRA) decidió actualizar y categorizar las sanciones que se impondrán por la aplicación del artículo 41 de la Ley 21.526. Su aplicación se hará efectiva a partir de las infracciones que se cometan desde la publicación de la norma y no sobre las infracciones anteriores.

Esta norma conlleva al reordenamiento del procedimiento sumarial, cerrando así un proceso normativo sancionatorio que se inició con la publicación de las sanciones, con la exigencia del previsionamiento contable del ciento por ciento de las multas, la consideración de dichas sanciones al momento de autorizar las distribuciones de utilidades, la expansión del negocio a través de sucursales y el nombramiento de funcionarios. Luego continuó con la implementación de la notificación electrónica de las mismas y culminó con emisión de la Comunicación «A» 5838, que establece la difusión pública de los criterios y montos para la determinación de las multas a aplicar.

Cabe señalar que el monto de dichas sanciones no se actualizaba desde 2010 y hasta hoy dichos criterios eran confidenciales por parte de los funcionarios del BCRA. Esta nueva reglamentación intenta ser un parámetro de orientación para la graduación de las sanciones con pautas objetivas, tal cual se contempla en los estándares internacionales, poniendo ciertos límites a la discrecionalidad que pudiera aplicar el BCRA.

La nueva norma, amén de diferenciar la aplicación de las sanciones a las personas jurídicas respecto de las personas humanas, establece, a mi juicio, umbrales máximos muy altos para determinadas infracciones. Esto podría generar situaciones que vulnerarían el principio de proporcionalidad de las penas.

Otro aspecto novedoso es la incorporación de factores atenuantes y agravantes. Entre los atenuantes se contempla el reconocimiento de los hechos previo a la apertura del sumario, reconocimiento y cooperación posterior a la apertura del mismo y  demostración clara del funcionamiento adecuado de los controles internos. Mientras que para los agravantes se consideran los antecedentes, las advertencias previas del BCRA, la duración del período infraccional y el  perjuicio ocasionando a terceros o al mercado.

La clasificación de las infracciones según su magnitud a partir de ahora se dividen en: gravísimas, muy graves, graves, moderadas y leves. Salvo en la categoría más gravosa, en el resto de las categorías contempla situaciones al incumplimiento de las normas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ver infografía al pie).

Estas pautas novedosas podrían colisionar con el régimen sancionador establecido en la Ley Nro. 26.683 y las normas que en consecuencia fueron dictadas por la UIF sobre esta materia. Habría que garantizar la no vulneración del principio general que establece que una misma persona no pueda ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Deberán ser los juristas quienes encuentren solución a esta posible colisión.

Tal superposición de atribuciones entre la UIF y el BCRA se agrava por las diferencias en el tipo y monto de la sanción que pudiera aplicar uno u otro organismo por la comisión de una misma infracción, por caso, legajos incompletos y/o no cumple con la política de conozca su cliente.

El gran desafío de la gestión entrante será demostrar efectividad en nuestro sistema integral de prevención y control de lavado de dinero. Posturas institucionales sin una correcta coordinación entre los organismos competentes no colaboran al logro de dicho objetivo. Sería saludable un replanteo de esta norma.

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NOTA: El BCRA establece asimismo, que se considerarán infracciones gravísimas, muy graves, graves, moderadas o leves, según corresponda, aquellos incumplimientos que aunque no estén expresamente mencionados en los puntos precedentes guarden similitud con alguna de las infracciones allí previstas.

 Fernando Di Pasquale

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Blanqueo: ¿cómo no volver a fracasar?

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COLUMNISTAS 20.11.15 | 00:00

Zenón Biagosch, FIDESnet. Ex Director BCRA

Pareciera haber consenso acerca de la implementación de un nuevo mecanismo de «blanqueo» como una de las tantas medidas a adoptar para retornar al orden macroeconómico. Si esto fuera así, es importante no cometer los mismos errores de los mecanismos ofrecidos en 2008 y 2012.
Son muchas las estimaciones acerca de la cantidad de ahorro que los argentinos poseen fuera del circuito formal o productivo. Los hay en pesos y en moneda extranjera, en el país y en el exterior, declarados y no declarados. Pero lo cierto es que no están ni bancarizados ni volcados en nuestro sistema de producción de bienes y servicios. El universo a seducir, en particular de la masa no declarada, es muy importante aumentando así las chances de éxito.

Antecedentes y requisitos internacionales

A partir de la crisis financiera mundial son muchos los países que han adoptado este tipo de herramientas. Esa tendencia motivó a que organismos internacionales como el GAFI definieran exigencias al momento de diseñar estas legislaciones. Lo que principalmente se requiere es mantener la estricta aplicación de la normativa sobre prevención de lavado de dinero a efectos de verificar la legalidad del origen de los fondos, más allá que los mismos no hayan sido declarados ante el fisco. El objetivo es evitar un mal uso de estas herramientas para que no se filtre dinero proveniente de la comisión de delitos graves. En síntesis se puede exteriorizar activos no declarados, pero de origen legal. Algo así como: dinero negro si, dinero sucio no.
En nuestro país, aparte de recaudar y promover la generación de empleo por medio de la inversión en el sector productivo, es imperante aumentar la oferta de moneda extranjera y recomponer el nivel de reservas internacionales.
En el mundo en cambio, el objeto casi excluyente de estos procesos es aumentar la recaudación fiscal, siendo en ciertos casos suficiente con la mera declaración del activo sin tener que movilizarlo. En cambio, nuestra realidad obliga a una necesaria intervención del sistema financiero para llevar a cabo ciertas acciones y así poder implementar el blanqueo. Aquí será la banca la que deberá aplicar los recaudos exigidos.
El éxito de este nuevo programa depende de poder establecer pautas claras y objetivas de actuación para otorgar tranquilidad tanto a los intermediarios financieros como a los interesados en exteriorizar.
Los sujetos interesados en exteriorizar deberán cumplir, entre otros, con dos requisitos esenciales:
1-Demostrar haber realizado una actividad económica durante un período de tiempo a determinar, correctamente declarada y en situación regular ante el fisco. De esta forma se podría verificar la existencia de una actividad legal regulada y supervisada por la AFIP.
2-Haber estado bancarizado durante dicho lapso siendo que esto permitiría corroborar que la actividad en cuestión fue sujeta de control y aplicación de la normativa anti lavado.
Verificadas tales condiciones, se podría aplicar a los ingresos declarados en dicho período una tasa presunta de evasión a fin de calcular el porcentaje máximo de esos ingresos susceptibles de ser blanqueados.
Existen muchos estudios internacionales sobre informalidad y evasión en nuestro país y la región, que podrían utilizarse como antecedente para definir dicha «tasa de evasión presunta». Como los más representativos podríamos mencionar a los publicados por Tax Justice Network, CIAT, CEPAL, BID y Banco Mundial. Los mismos estiman y concuerdan que los ratios de evasión al impuesto a la renta en nuestra plaza podrían rondar entre un cuarenta y un cincuenta por ciento. Estas particularidades hacen que nuestro modelo sea mucho más complejo de implementar y por ende también más difícil de explicar ante los organismos de fiscalización internacional, tal es el caso del GAFI. Esto no admite improvisaciones si pretendemos regenerar las condiciones de confianza suficientes para que el ahorro de los argentinos, declarados o no, se canalicen hacia la inversión tan deseada.

Claves para un blanqueo exitoso

PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE

PERFIL

Por Zenón Biagosch |

Mucho se habla acerca de la implementación de un nuevo esquema de exteriorización voluntaria de activos no declarados o mal llamado “blanqueo” como una de las herramientas para paliar el actual desequilibrio macroeconómico. Es importante no cometer los mismos errores del pasado reciente.

Son muchos los países, incluso del mundo desarrollado, que han adoptado este tipo de herramientas para paliar los déficits fiscales y foros multilaterales con competencias específicas, como el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impusieron condiciones para poder llevar a cabo estos procesos. El GAFI los detalla en su documento denominado “Voluntary Tax Compliance Programmes” publicado en el año 2012. El objetivo es exteriorizar activos no declarados, pero de origen legal. Se debe verificar la legalidad de la actividad que los originó impidiendo desvíos que permitan exponer una situación regular a quienes posean dinero originado en conductas delictivas y peor aún las ligadas al crimen organizado. Sólo podrían eximirse las conductas de omisión de declaración en tanto se verifique la legalidad del origen de los fondos.
A diferencia de lo que ocurre a nivel local, quien blanquea debe tributar sin recibir retribución alguna. Resulta contrario a una sana cultura tributaria retribuir a quien exterioriza utilizando fondos de los contribuyentes que aportan al fisco.

A medida. A diferencia de los casos expuestos donde lo que se busca principalmente es aumentar la recaudación fiscal, en el nuestro se deberán perseguir múltiples objetivos: por un lado recaudar para paliar el actual déficit fiscal y promocionar la inversión. Pero quizás el aspecto más apremiante hoy sea el de aumentar la oferta de moneda extranjera y asimismo recomponer la delicada situación de nuestras reservas internacionales.
Por eso se deberá requerir de acciones como la repatriación de capitales, la aplicación de los mismos en el sector productivo o en activos muebles o inmuebles o por caso la realización de un depósito bancario.

Nuestra realidad obliga a una necesaria intervención de ciertos actores económicos, como la banca, para que la operatoria se pueda materializar. Estos intermediarios, aparte de promocionar la adhesión al sistema, deberán aplicar los recaudados exigidos, para lo que hay que establecer pautas claras y objetivas que minimicen sus riesgos y también transmitan tranquilidad a los interesados. De lo contrario seguirán los intentos fallidos.

Propuesta. La exteriorización debiera poder realizarse en moneda local como extranjera y también en dinero o bienes registrables. Debieran ser sujetos elegibles sólo aquellos que  puedan demostrar haber realizado una actividad económica durante un periodo de tiempo a determinar, declarada y en situación regular ante el fisco por haber tributado y que a su vez hayan estado bancarizados en ese lapso.
Tales requisitos nos indicarían la existencia de una actividad legal regulada impositivamente y fiscalizada por la normativa sobre prevención de lavado de dinero.

Con esas condiciones, se podría aplicar a los ingresos declarados en dicho período un porcentaje o tasa presunta de evasión a fin de cuantificar el monto máximo susceptible de ser blanqueado.
La tasa podría definirse considerando diferentes estudios realizados sobre economía informal y niveles de evasión impositiva en nuestro país y la región en los últimos quince años, como los publicados por Tax Justice Network, la Cepal o el Banco Mundial, entre otros, que estiman que los ratios de evasión al impuesto a la renta podrían rondar entre un 40 y 50 por ciento. Aplicar un guarismo de ese orden a los ingresos declarados en el período para calcular un monto máximo a blanquear, podría resultar razonable.

Más allá de las mejores cualidades de la iniciativa a instrumentar, el gobierno venidero deberá regenerar la confianza para que el ahorro de los argentinos, se canalice hacia la inversión.

*FIDESnet.

Día de la Prevención del Lavado de Activos, Seamos Protagonistas!

COLUMNA DE OPINION

Por Fernando D. Di Pasquale | A propósito de esta fecha, el autor señala que hoy más que nunca debemos ser conscientes de que el narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural. E invita a viralizar esta concientización para que este flagelo no condicione la calidad de vida de las próximas generaciones. | 27/10/2015

Desde hace mucho tiempo el flagelo del lavado de activos es considerado una amenaza constante contra el orden económico, político, institucional y social. A partir de las graves consecuencias que esta problemática genera en la sociedad, tanto los estados como las organizaciones internacionales han abordado esta problemática desde distintas ópticas valiéndose  de la colaboración y compromiso del sector privado.

Tal vez toda esta locura haya comenzado con un simple depósito bancario cuando en el año 1973 Pablo Escobar hizo sus primeros depósitos en su caja de ahorros del banco Industrial Colombiano, los cuales eran fruto de sus primeras andanzas (contrabando de whisky, cigarrillos y electrodomésticos). Recién en el año 1974 hizo su primer viaje a Guayaquil para comprar sus primeros kilos de pasta de cocaína y poder procesarla. ¿Quién hubiera dicho que 40 años después estemos «celebrando» la lucha contra el lavado de activos? Lucha que como dice el Papa Francisco «aún no está ganada y falta mucho por hacer».

Todo lo ocurrido durante  esos años en Colombia y en la región marcaron mucho a la sociedad. Se empezaron a conocer diferentes naciones en las cuales era predominante el miedo al narcotráfico y su criminalidad. El mundo entendió que el lavado de activos es la fuente de financiación del crimen organizado, causando estragos en la sociedad, en los sectores económicos y en las instituciones públicas, transformándose en terror y violencia.

Fue así que desde el año 1989 con la creación del GAFI, el objetivo siempre fue el de articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el Lavado de Activos. Hoy, luego de las últimas modificaciones a las recomendaciones del GAFI, esto se traduce en la construcción de una estrategia nacional en cada país para combatir este delito y de esa forma crear un ambiente adverso para la expansión de las actividades criminales.

La creación del GAFI fue clave en sus inicios para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros, proporcionando a los gobiernos herramientas para tomar medidas contra la delincuencia organizada y publicando programas integrales de concientización que contemplan el impacto y las consecuencias de este delito al ciudadano común.

Entre los organismos internacionales que contribuyen a la concientización de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se encuentra  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Dicho organismo cada 29 de octubre lidera la campaña denominada «Día Nacional de la prevención del lavado de activos». Su objetivo es movilizar a través de la web y de las redes sociales a todos los sectores de la sociedad e inspirar a las personas, a las empresas y a las entidades públicas a actuar contra el lavado de activos.

Hoy más que nunca desde Argentina debemos adherir a estos objetivos, debemos ser conscientes que el Narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural.

Invito a los lectores a sumarse a la campaña, viralizemos esta concientización para que podamos augurar que este flagelo no condicione la calidad de vida de las próximas generaciones.

¡¡¡Seamos protagonistas!!!

Fernando D. Di Pasquale

www.fidesnet.com.ar

Lavado de dinero, la variable oculta de la economía

 

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EDICIÓN IMPRESA

COLUMNISTAS 21.10.15 | 00:00

Zenón Biagosch, FIDESnet

La agenda económica ocupa uno de los lugares centrales en el escenario preelectoral y desde los espacios políticos con posibilidades de acceder al gobierno se presentan diagnósticos y propuestas acerca de diversas problemáticas tales como el estancamiento, la baja inversión, el nivel de inflación, la caída de reservas, el cepo cambiario, los déficit fiscal y de cuenta corriente externa, la expansión monetaria, las tasas reales negativas, la presión tributaria, la fuga de capitales, los subsidios, las limitaciones para el endeudamiento externo, la renegociación con los holdouts, etc.

Más allá de las coincidencias y discrepancias acerca de estos asuntos y de que algunos tengan posiciones más explícitas y con mayor vocación para su debate, lo cierto es que acerca de estos y otros temas de la economía es posible acceder a información cuantitativa y cualitativa que permiten ponderar la problemática y tener insumos para la toma de decisiones, aún con las posibles distorsiones de ciertas estadísticas oficiales.

Otro de los temas con justificada presencia protagónica en la agenda electoral es el de la inseguridad en general y en particular el del narcotráfico, una de las más desafiantes y amenazantes cuestiones para la futura gestión.

Acerca del narcotráfico y el consumo de drogas el Papa Francisco en sus recientes discursos en las Naciones Unidas y el Capitolio de Estados Unidos, señaló que viene cobrándose la vida de millones de personas en forma silenciosa y que la lucha contra ese flagelo, a la cual calificó como una guerra, involucra también a la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la explotación infantil y otras formas de corrupción.

El Santo Padre también advirtió que ese fenómeno ha penetrado distintos niveles de vida, social, política, artística y religiosa, generando una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.

Las palabras de nuestro Papa acerca de este combo explosivo debieran interpelarnos y convencernos que esas realidades delictivas y sus derivaciones económicas pueden transformarse en la variable con mayor poder de desestabilización de los órdenes económico-financiero y político-institucional de nuestro Estado.

Aunque esas amenazas a la estabilidad sean más graves que cualquiera de los asuntos económicos antes mencionados, es triste aseverar que acerca de la economía del crimen en nuestro país no sólo no existen datos precisos, sino que ni siquiera hay una metodología establecida para obtenerlos.

Esta información resulta imprescindible dado que las derivaciones económicas de las hoy denominadas empresas criminales son causa y consecuencia de esta problemática. Son causa dado que el objetivo primordial de estas organizaciones criminales es obtener réditos económicos y son consecuencia porque parte de los cuantiosos beneficios que genera esta actividad se destinan a comprar voluntades para poder operar con tranquilidad y montar una logística de distribución, que en general involucra a jóvenes que son captados por estas redes criminales dado que están sumidos en una marginalidad casi esclavista.

Frente a la magnitud que implica ese desafío es un equívoco creer que puede ser abordado por un único organismo o unidad, por mayores facultades que le otorguemos. Antes bien, esta temática debe ser atendida como parte central de una política integral en materia económica y también de seguridad.

Un buen ejemplo a considerar es la solución institucional adoptada por los Estados Unidos post 09/11, donde se creó una Subsecretaría de Estado de rango cuasi ministerial en el ámbito del Departamento del Tesoro, para atender las derivaciones económicas de aquel brutal atentado.

Ello en el entendimiento que esta temática debe ser abordada por una instancia responsable de formular políticas públicas y no sólo desde un organismo de carácter técnico/operativo como puede ser la UIF, por más eficiente que pueda ser.

Resulta esencial también federalizar el tratamiento de esta problemática, involucrando a las instancias gubernamentales provinciales. Asimismo se la debe incorporar como tema central en las relaciones internacionales por ser quizás el principal ítem de la agenda negativa internacional actual.

En base a lo expuesto esperamos que quienes tengan la responsabilidad política de establecer la estrategia para volver a la senda del crecimiento y del equilibrio macroeconómi co entiendan la necesidad de incorporar esta temática en esa agenda de prioridades. De lo contrario el factor con mayor capacidad de desestabilizacion de nuestra economía, seguirá siendo una variable oculta.