Dilemas económicos de la despenalización de la droga

PERFIL

EL ECONOMISTA DE LA SEMANA

Por Zenón Biagosch | 31/10/2014 |

El debate acerca de la despenalización de la tenencia de drogas prohibidas para consumo personal ha de ser abordado sin improvisaciones y desde una perspectiva integral. Posturas liberalizadoras fundamentadas en pseudoargumentos económicos, y creyendo que pueden poner fin a los narconegocios, no aportan a la seriedad que requiere esta discusión.

Despenalizar no es lo mismo que legalizar. Se despenaliza a las personas y se legalizan las sustancias. Legalizar una sustancia implica, en principio, despenalizar la tenencia para su uso personal, pero no por ello su desregulación. Por caso, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos son sustancias legalizadas, pero reguladas.

En esa línea todas las experiencias de legalización, en particular del cannabis, nos demuestran que son severamente reguladas tanto en la cadena de la producción como en la comercialización, calidad, espacios para su consumo, registración de los consumidores, dosis administradas, etc.

¿Estará nuestro país en condiciones de aplicar y supervisar una regulación en tal sentido, más aún considerando que en países desarrollados las mismas son constantemente vulneradas?

– Aspectos económicos: el mercado de las drogas presenta una situación que, del lado de la oferta, está muy alejado de las condiciones de libre competencia dada su alta concentración y falta de transparencia y, por el lado de la demanda, no existe la llamada soberanía del consumidor de tomar decisiones económicas para su propio bienestar.

Bajar barreras de entrada de nuevos oferentes al mercado podría generar mayor competencia y rebaja de costos y precios y lógicamente una fuerte suba de las cantidades demandadas derivadas del acceso a este mercado de nuevos consumidores.

Se infiere entonces que el negocio de los narcotraficantes disminuiría, pero a costas de consecuencias sociales imposibles de cuantificar, en particular de la salud pública. Decimos se infiere, puesto que en este análisis no consideramos un mercado negro que tendrá más adictos y que, seguramente, abastecerá las cantidades demandadas que el mercado regulado no puede abastecer.

Entonces, ¿cuál es el sentido de aumentar –y mucho– el número de consumidores / adictos, carentes de voluntad? Si es sólo una supuesta disminución del negocio, los costos siguen siendo mayores que los beneficios. Se acaba pues el dilema económico, resultando necesario abordar el tema también desde otras perspectivas.

–  Aspectos ético-morales: es obvio que el drogadependiente, al depender de una adicción, no es libre ni puede manejar su propia voluntad.

El consumo de drogas no es un ejercicio de la libertad. Pareciera entonces una utopía querer darle libertad para drogarse a quien, por principio general, depende de una adicción.

Desde la dimensión moral drogarse es siempre ilícito por ser una renuncia injustificada e irracional a pensar, querer y obrar como persona libre. El juicio de ilicitud de la droga no es un dictamen de condena al drogado. La vía de recuperación no puede ser ni la de la culpabilidad ética ni la de la represión legal, sino impulsar sobre todo la rehabilitación.

La droga es contra la vida. El ser humano no tiene la potestad de perjudicarse a sí mismo y no puede ni debe jamás abdicar de la dignidad personal que le viene de Dios y menos aún tiene facultad de hacer pagar a otros por su elección.

–  Aspectos jurídico-institucionales: nuestros antecedentes legales muestran una posición alineada a los compromisos internacionales, los cuales son contrarios a la despenalización. Asimismo, existe jurisprudencia que reafirma la constitucionalidad de dichas normas sosteniendo que la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal no se dirige a la represión del usuario, sino a reprimir el delito contra la salud pública, privilegiando el interés general de la sociedad sobre el interés particular del adicto, abarcando incluso la protección de valores morales, de la familia, de la sociedad, de la juventud y de la niñez.

Si bien existen fallos que privilegian las acciones privadas amparadas por la Constitución, los mismos se fundamentan en que dichas acciones cumplieron con condiciones esenciales tales como la privacidad del acto, la no promoción del mismo, la no afectación a terceros, la no ofensa al orden y la moral públicos y la certeza de que la persona no forma parte de una red de comercialización. También, todos instan al Estado a tener adecuadas políticas asistenciales.

Cualquier modificación a la norma legal vigente implicaría renunciar a convenciones internacionales que hoy tienen rango constitucional. Asimismo, estaríamos privando al Estado de una herramienta esencial para poder aplicarle a un adicto una posible medida asistencial, objetivo primordial de nuestra legislación vigente. De su lectura integral se puede percibir a las claras que la intención de la misma está lejos de pretender penalizar a un adicto sino, por el contrario, dotar al Estado de herramientas que permitan aplicarle una medida curativa, educativa y de reinserción.

– Aspectos sociales: un aumento generalizado del consumo traería consecuencias en diferentes niveles de la sociedad, debido a los efectos farmacológicos propios de este tipo de sustancias. Seguramente tendríamos más casos de bebés con malformaciones, muertes de fetos y recién nacidos y síndromes de abstinencia neonatal resultantes del consumo de drogas durante el embarazo.
Los niños presentarían daños en su desarrollo físico y mental, con las consecuentes alteraciones de conducta y de aprendizaje, situación que se agravaría en la adolescencia, provocando trastornos en la personalidad.

En la población adulta se profundizaría el ya vigente cuestionamiento acerca del desempeño de diversas tareas de responsabilidad bajo los efectos de drogas. Por caso, imagino que nadie querría viajar en un avión conducido por un piloto que está drogado. El riesgo a terceros es claro.

Ahora bien, con independencia de lo expuesto, vemos esperanzados que la sociedad empieza a vislumbrar y tener conciencia de que el fenómeno de los narconegocios se erige como la principal amenaza a nuestro país. Incluso hasta importantes ámbitos del mundo empresario discuten ahora esta temática por entender que también afecta el orden económico y nuestro ambiente de negocios.

La máxima autoridad de nuestro Poder Judicial advirtió que este fenómeno ya está afectando el Estado de derecho. Esperamos que nuestra sociedad logre organizarse e impida que algún día nos termine gobernando.

* Economista de Fidesnet.