El GAFI, tras la evasión fiscal

DIARIO PERFIL

EL ECONOMISTA DE LA SEMANA

Por Zenon A. Biagosch // FIDESnet

16/11/12 – 10:11

Según el informe The Cost of Tax Abuse, elaborado por la organización Tax Justice Network en noviembre de 2011, la evasión impositiva anual en el mundo llega a unos US$ 3,1 billones (millones de millones), monto que equivale a un 5% del PBI global, conforme estimaciones del Banco Mundial. De esa cifra total, unos US$ 2 billones se concentran en diez países. Ese cálculo fue realizado aplicando una alícuota impositiva promedio sobre un estimado del nivel de la economía informal de cada jurisdicción evaluada en porcentajes del PBI.

La información acerca del nivel de informalidad de cada país fue tomada de un trabajo realizado por el Banco Mundial denominado Shadow economies all over the world (Economía en las sombras en todo el mundo) publicado a mediados de 2010.

Complementariamente, el documento The Price of offshore revisited, también de la organización Tax Justice Network, incluye estimaciones acerca del dinero administrado en los denominados centros “off-shore” o “paraísos fiscales” y calcula que el stock de activos financieros alocados hoy en dichos centros oscila entre los US$ 21 y 32 billones, de los cuales unos US$ 12 billones son administrados por los cincuenta bancos privados más importantes del mundo.

El principal aportante de capitales a esos centros off-shore es China (alrededor de US$ 1,2 billones) y nuestro país ocupa el octavo lugar, aportando la nada despreciable suma de US$ 400 mil millones.

Si se considera que las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía argentino a marzo de 2001 calculaban que las inversiones en el exterior de residentes argentinos del sector privado no financiero sumaban unos US$ 95.885 millones y que entre el año 2003 y el primer semestre de 2012, según cifras oficiales del BCRA, la llamada “fuga de capitales” fue de US$ 90.957 millones, la mencionada estimación no sólo resulta creíble sino que pareciera más bien conservadora.

Cambio de reglas. Ahora bien, el pasado mes de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó sus estándares, y por primera vez en sus 23 años de historia recomienda aplicar las mismas herramientas utilizadas para el control del lavado de dinero proveniente del crimen organizado al lavado de dinero proveniente de la evasión impositiva. Es decir que ahora insta a tipificar como delito también el blanqueo de capitales proveniente de delitos o infracciones tributarias.

Debe tenerse en cuenta que la última información oficial publicada por el GAFI en febrero advierte que el monto del lavado de dinero a nivel mundial puede llegar a unos US$ 3,2 billones anuales, sin precisar si esa estimación abarca la evasión fiscal como originante de los fondos blanqueados. De no ser así, la situación sería aun más grave considerando los montos antes mencionados.

Presión fiscalista. No parece un exceso de suspicacia suponer que las nuevas recomendaciones del GAFI responden más a la preocupante situación presupuestaria que padecen ciertos países del mundo desarrollado que a una efectiva política tendiente a prevenir y controlar la economía de la denominada delincuencia transnacional organizada.

Téngase en cuenta que hoy la suma del déficit consolidado de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea es aproximadamente de unos US$ 1,5 billones anuales, de los cuales unos US$ 850 mil millones (casi la mitad del déficit total) se destinan a la fabricación de armamento.

Frente a estos datos cabe plantear algunas preguntas: ¿Dónde se originan los fondos que permiten financiar esos monumentales déficits presupuestarios? ¿Provendrán en alguna medida de los más de US$ 21 billones alocados en los centros off-shore? ¿Será que con parte de esos fondos administrados por la banca internacional, por vías indirectas, se financian las excelentes condiciones de vida de muchos de los habitantes de los países desarrollados?

De las respuestas a estas preguntas se desprenden los principales motivos que llevan a extremar las medidas respecto del control de la evasión impositiva, incluso mediante el uso de herramientas antes impensadas.

Refuerza dicha tendencia la pronta implementación de la denominada Ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) de los Estados Unidos, mediante la cual se va a instar a los bancos del mundo a reportar a las autoridades impositivas estadounidenses sobre todas las cuentas que tengan por titular a un residente estadounidense, y si el informado se opusiera el banco deberá retener un 30% del monto depositado.

Frente a esta perspectiva, parece adecuado ratificar que la prioridad en la asignación de todo tipo de recursos y en la adopción de medidas institucionales debería seguir siendo la lucha contra el lavado de dinero proveniente de la criminalidad organizada, que tanto afecta a nuestras sociedades e instituciones.

Compatibles. Subrayar esa prioridad no supone no compartir la necesidad de combatir el lavado de dinero proveniente de infracciones impositivas o desmerecer la importancia del control de la evasión como política de Estado.

Sí implica ratificar el sabio principio que condujo al nacimiento de los Estados Unidos (No taxation without representation), que advierte que no se puede exigir que paguen impuestos quienes no tengan una efectiva representación en el sistema de toma de decisiones.

Asimismo, asumir que el modo más efectivo para reducir la evasión fiscal es a partir de una buena administración de los recursos con responsabilidad, transparencia y eficiencia que permita brindar servicios públicos en cantidad y de calidad adecuados en áreas prioritarias para el desarrollo social, tales como educación, salud y seguridad.