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El mercado asegurador y la nueva política antifraude

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OPINION

Por Dr. Fernando Di Pasquale | La Superintendencia de Seguros de la Nación emitió una norma que establece que las aseguradoras deberán aprobar “Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude”. El autor analiza los alcances de la resolución y señala que el desafío que enfrenta el mercado asegurador no es menor para adaptarse la misma. | 23/09/2014

El fraude es una problemática global. Adopta diversas formas en función del contexto en base a múltiples estrategias, las cuales evolucionan como una constante adaptación a los controles existentes. Es por ello que el fraude (externo e interno) ocupa un lugar preponderante en la lista de riesgos que deben administrar las empresas. Adecuadas políticas y procedimientos internos son aspectos clave para minimizarlos.

A nivel mundial, según el último estudio realizado por la Association of Certified Fraud Examiners (Report to the Nations 2014 – ACFE), se estima que las organizaciones pierden aproximadamente un 5% de sus ingresos en concepto de fraude. Esto se traduce en una pérdida anual aproximada de dólares 3,7 billones tomando de base el Producto Bruto mundial del año 2013.

Esta realidad, que golpea a todas las industrias, obliga a una constante redefinición de normas por parte de los organismos reguladores.

Una de las industrias con mayor exposición al flagelo del fraude es el mercado asegurador, cuyas particularidades dificultan una efectiva administración y atentan contra la transparencia del sistema. El mayor costo derivado de los fraudes se traduce en un índice de siniestralidad mayor al real y en un incremento en el valor de las primas.

Con relación directa a esta problemática y con el fin de contribuir a la adopción de medidas para contrarrestar al fraude, con fecha 17 de julio de 2014 la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió la Res SSN 38477, con vigencia desde el 22 de agosto y exigiendo su pleno cumplimiento para el 19 de enero de 2015.

La resolución establece que las entidades aseguradoras deberán aprobar, bajo la responsabilidad y por intermedio de su Órgano de Administración, “Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude”.

Es decir que deberán transformar aquello que era un mero procedimiento en una política corporativa a efectos de generar un ambiente de control interno que minimice el riesgo de fraude del que poco se habla pero que genera impactos patrimoniales negativos en detrimento de una adecuada cobertura para el asegurado.

Los contenidos son de carácter mínimo, obligatorio y deberán complementarse en función de las coberturas que operen en la medida de su extensión o complejidad.

Las políticas antifraude deberán contemplar las relaciones de las entidades supervisadas con sus clientes e intermediarios, la contratación y capacitación de su personal y/o servicios tercerizados y el monitoreo de su comportamiento y un régimen para la resolución de conflictos de intereses. Estas  exigencias también comprenden a las aseguradoras de riesgos del trabajo y a las reaseguradoras, las cuales deben adecuarlas a las características particulares de su negocio.

Adaptando las buenas prácticas y alineándose al enfoque ya utilizado en la normativa de prevención del lavado de dinero, la resolución requiere entre otros:

–       un manual de procedimiento específico en la materia,

–       la designación de un responsable de contacto,

–       la elaboración de una memoria de cada caso investigado por sospecha de fraude,

–       la determinación de un programa de verificación de cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos,

–       el establecimiento de un régimen específico para la contratación del personal que garantice su idoneidad y probidad, y

–       un programa de capacitación continua a todos los empleados y funcionarios de la entidad, incluyendo los niveles ejecutivos y gerenciales.

En resumen, la normativa mencionada requiere el tratamiento del fraude en su conjunto, involucrando a todos los actores del sector para combatirlo.

El desafío que enfrenta el mercado asegurador no es menor, consiste en identificar y analizar las políticas y procedimientos actuales, y en función a dicho diagnóstico y a las características propias de cada sujeto, aplicar las modificaciones necesarias para el logro de una efectiva política antifraude y el debido cumplimiento de la normativa.

                                                                 Dr. Fernando Daniel Di Pasquale

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