Inicio de un 2015 con novedades importantes en materia de lavado para el sistema financiero

OPINIÓN |

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza la Comunicación “A” 5612, que define procedimientos específicos de debida diligencia para nuevos y viejos clientes y remarca la importancia del cambio, porque define la obligatoriedad de varias cuestiones que hasta ahora eran analizadas y aplicadas por cada entidad en función de sus propias políticas. | 16/12/2014

La Comunicación “A” 5612 emitida por el BCRA el pasado mes de agosto ha definido procedimientos específicos de debida diligencia tanto para nuevos clientes como para los que están en stock.

Si bien muchos de los procedimientos establecidos por dicha normativa ya eran aplicados por las entidades, la obligatoriedad de los mismos y la determinación taxativa de la discontinuidad operativa de los clientes ha tenido un alto impacto en todo el sector financiero.

Ante la llegada del 2 de febrero próximo, fecha en la cual entra en vigencia la normativa, las entidades se encuentran adaptando y reforzando los procedimientos sorteando las dificultades para su correcta implementación.

Entre las definiciones más sustanciales se establece que bajo ninguna circunstancia se podrá dar curso a relaciones con nuevos clientes hasta tanto no estén debidamente cumplidas las disposiciones de la normativa vigente referidas a la identificación y conocimiento del cliente.

Con relación al stock de clientes, en el caso en que no se pudiera dar cumplimiento a su identificación y conocimiento, deberá materializarse la discontinuidad operativa dentro de los 150 días corridos de advertidas esas circunstancias. Dicho plazo se computará a partir de la fecha de emisión de un alerta en los sistemas de monitoreo del sujeto obligado o bien desde la fecha que surja de los procedimientos de actualización de legajos, de acuerdo con el cronograma establecido por la normativa vigente (Res UIF 68/2013).

El BCRA aclaró públicamente que los procedimientos definidos en dicha comunicación no representan un cambio de criterio, sino que sólo son definiciones complementarias de lo establecido por el artículo 12 de la Res UIF 121/2011 con relación a la política de conozca a su cliente como condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo.

Sin embargo, el impacto ha sido importante por el hecho de definir la obligatoriedad de varias cuestiones que hasta ahora eran analizadas y aplicadas por cada entidad en función de sus propias políticas.

El objetivo más importante es el verdadero conocimiento del cliente, coordinando y aplicando procedimientos eficientes.

El hecho de que ante la falta de conocimiento del mismo exista la obligación de desvincularlo quizás es una de las tantas consecuencias que devienen de un proceso de “KYC” que no ha sido alcanzado en forma satisfactoria.

Por otro lado y con relación a la obligatoriedad del reporte de las operaciones en los casos en los cuales determina la norma, es fundamental que dichos reportes cumplan con las nuevas exigencias de calidad que ha difundido la UIF para que el trabajo de investigación sea efectivo (nuevo formulario de reporte).

La UIF ya ha avanzado sobre este tema, modificando recientemente el formulario de reporte “on line” donde, entre otras novedades, incluyó un campo para la identificación de un delito precedente relacionado a la operación reportada.

Si bien dicha prerrogativa es facultativa para el sujeto obligado, queda claro que la intención buscada por la UIF es obtener ROS de calidad y un mayor aporte por parte del universo regulado, por ahora el sistema financiero.

El reporte debe estar fundado en hechos y circunstancias que ameriten una sospecha y si no hay elementos básicos de identificación del cliente, tampoco hay elementos para reportar.

Se debe aplicar la norma con criterio y responsabilidad y con el objetivo de lograr un aporte al sistema integral de prevención.

No obstante, debe quedar en claro que quien tiene las herramientas necesarias para definir realmente la presunción de la comisión de un delito de lavado de activos es sólo la UIF, siendo éste uno de sus principales objetivos, tal cual lo establece el artículo 19 de la legislación vigente, el cual determina que “cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal”.

El gran desafío es diseñar, coordinar y aplicar procedimientos adecuados para lograr el conocimiento del cliente en todas las etapas de la relación contractual. El compromiso de la alta dirección y la concientización de toda la entidad son fundamentales para alcanzar el gran objetivo planteado.

Fernando D. Di Pasquale

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