Procedimientos complementarios de debida diligencia del cliente

COLUMNA DE OPINION

Por Zenón Biagosch y Fernando Di Pasquale | El BCRA emitió la Comunicación “A” 5612 en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tendrá vigencia a partir de los 180 días corridos desde el 5 de agosto. Establece que no se podrá dar curso a nuevos clientes hasta que no estén debidamente cumplidas las disposiciones referidas a la identificación y conocimiento del cliente y de gestión de riesgos. El análisis de su impacto. | 26/08/2014

El BCRA ha emitido con fecha 05/08/14 una nueva comunicación en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas con vigencia a partir de los 180 días corridos.

La misma adopta definiciones determinantes con relación a los procedimientos de debida diligencia a aplicar a los nuevos clientes como a los actuales, basados en la política de KYC y en el enfoque baso en riesgo.

Define que ante la falta de documentación o la existencia de dudas y/o por la detección de irregularidades respecto de la veracidad, precisión, coherencia o integridad de la documentación aportada, o por haberse detectado situaciones que se apartan del perfil de cliente, se deberá requerir mayor información y/o documentación, indicándole al cliente la obligación de cumplimentar la misma.

El Manual de Procedimientos deberá incluir procesos detallados para la iniciación y discontinuidad operativa de los clientes.

Se establece que bajo ninguna circunstancia se podrá dar curso a relaciones con nuevos clientes hasta tanto no estén debidamente cumplidas las disposiciones de la normativa vigente referidas a la identificación y conocimiento del cliente y de gestión de riesgos.

Con relación a los clientes existentes, en caso en que no se pudiera dar cumplimiento a su identificación y conocimiento, determina que deberá materializarse la discontinuidad operativa – cese de la relación con el cliente – dentro de los 150 días corridos de advertidas esas circunstancias. El plazo se computará a partir de la fecha de emisión de un alerta en los sistemas de monitoreo del sujeto obligado o bien desde la fecha que surja de los procedimientos de actualización de legajos de acuerdo con el cronograma establecido por la normativa vigente. A fin de aplicar un enfoque basado en riesgo, cuando del análisis de la alerta el sujeto obligado hubiese determinado que el hecho u operación motivo de estudio hubiese merecido la calificación de “sospechoso/a” deberá proceder a la discontinuidad operativa del cliente dentro de los 30 días corridos contados a partir de tal calificación.

Com. “A” 5612 – Clientes existentes

 

                 debida diligencia

Zenón A. Biagosch y Fernando D. Di Pasquale

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